Historia
22 de nov de 2026
Ramo Verde se queda sin margen mientras 37 militares desafían al Gobierno con una huelga de hambre
Familiares y ONG describen una emergencia sanitaria y judicial en Ramo Verde, mientras expresos políticos denuncian torturas y exigen el cierre del penal. Las autoridades aún no ofrecen una respuesta pública a las demandas de los huelguistas.
La huelga de hambre en Ramo Verde entró en su duodécimo día con versiones coincidentes sobre el deterioro físico de los militares, pero con cifras distintas: una denuncia habla de 36 presos y otra de 37. En ambos casos, familiares y organizaciones de derechos humanos reclaman atención médica urgente, libertad y revisión de los procesos judiciales.1
El Observatorio Venezolano de Prisiones y Justicia, Encuentro y Perdón alertaron que 19 de los 36 detenidos presentan deshidratación y descompensación, mientras 18 padecen enfermedades previas. Uno de ellos, el sargento Luis Alfredo Lobo Medina, fue trasladado al Hospital Militar tras sufrir una crisis hipertensiva y dificultades respiratorias.1
La denuncia de los familiares pone el foco en la falta de asistencia. Eladia Vásquez, madre de uno de los recluidos, aseguró que los huelguistas no han recibido evaluación especializada pese a su debilitamiento. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió que el ayuno prolongado compromete directamente sus vidas y resumió su reclamo con una frase: “La indiferencia también pone en riesgo vidas”.2
Los activistas y expresos políticos van más allá de la emergencia médica. Carlos Julio Rojas calificó Ramo Verde como “uno de los peores centros de tortura” y denunció privación de agua, aislamiento y suspensión de visitas familiares.1 También exigieron cerrar el penal y liberar a quienes, según sostienen, ya cumplieron sus condenas.
El detonante fue la decisión de reiniciar el juicio del llamado caso Cotiza y volver a imputar a los militares por traición a la patria. La protesta comenzó el 9 de noviembre con 21 sargentos y luego sumó a otros detenidos. Así, la disputa no es solo sanitaria: enfrenta la versión oficial pendiente de respuesta con la de familiares y ONG, que ven en Ramo Verde una crisis de derechos humanos al borde de un desenlace fatal.