El gobierno de Rodrigo Paz ha tirado de la palanca más dura —estado de excepción en todo Bolivia— para desmontar 44 bloqueos que asfixian al país. La batalla ya no es solo por las carreteras: es por el relato de quién defiende la democracia y quién la amenaza.

El libre tránsito, bandera del Gobierno

Los medios alineados con el Ejecutivo presentan la medida como un acto de “rescate” nacional. Paz decreta el estado de excepción “para liberar las carreteras del país” tras casi 50 días de bloqueos que han convertido a los ciudadanos en “rehenes” y cortado el acceso a atención médica y alimentos.¹ La narrativa oficial insiste en que el decreto “no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, y que Bolivia “necesita recuperar sus caminos” y garantizar que las familias puedan “llevar sustento a sus hogares”.²

Desde esta óptica, el despliegue de policías y militares es un mal necesario y acotado: apoyo “temporal” para proteger rutas estratégicas y asegurar suministros, sin suspensión formal de derechos ni toque de queda.³ El gobierno habla de un despeje “gradual” de vías en 24 a 48 horas para reactivar producción, comercio, turismo y transporte.⁴

La oposición ve militarización y fracaso político

Los medios críticos subrayan otros datos: el país “registra 44 puntos de bloqueo de vías en primeras horas del estado de excepción”, es decir, la orden no desactiva de inmediato la protesta.⁵ Se recuerda que las movilizaciones, lideradas por sectores campesinos y afines a Evo Morales, nacen de demandas salariales, de combustible y hasta de renuncia del propio Paz.¹

Mientras el Gobierno denuncia “una estrategia organizada de desestabilización” y habla de “intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”,² la oposición lee el decreto como reconocimiento de que el diálogo fracasó y como puerta abierta a la militarización del conflicto.

Coincidencias incómodas

Ambos relatos aceptan el mismo punto de partida —44 bloqueos activos y una crisis económica y humanitaria grave—¹⁶ pero divergen brutalmente en la solución: para el Gobierno, más Estado y más uniforme; para la oposición, más política y menos excepción. Lo único en lo que todos coinciden es que Bolivia está atrapada… en las carreteras y en la disputa por quién se queda con la palabra “democracia”.