La noticia es simple y a la vez incómoda: si hubo que desmantelar más de 100 minas en Amazonas, es porque alguien permitió que el territorio se llenara de explosivos antes de llegar al operativo.

El relato oficial: éxito operativo

Desde la óptica institucional, el énfasis está en el logro táctico. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FANB) y del Sebin ejecutaron un despliegue en el estado Amazonas en el que “desmantelaron más de 100 artefactos explosivos durante operativo en Amazonas”.¹ Según el parte difundido, la acción forma parte de las operaciones de la Zodi en la zona fronteriza, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad y retirar material de alto riesgo.

En esta versión, el mensaje es claro: el Estado actúa, responde y limpia el terreno. Las minas aparecen como una amenaza neutral, casi ajena, que la FANB llega a desactivar a tiempo.

La mirada crítica: ¿control o reacción tardía?

Medios de línea crítica al gobierno resaltan el otro lado del espejo: que las autoridades “detectan minas explosivas en zona fronteriza de Amazonas” y se ven obligadas a “proceder al retiro del material”.² El foco ya no es solo el despliegue militar, sino la evidencia de que grupos irregulares han colocado explosivos en territorio venezolano sin que el Estado lo haya impedido.

Así, donde el discurso oficial habla de éxito, la oposición ve un síntoma de pérdida de control en la frontera. Ambos coinciden en el dato duro —más de cien minas retiradas, coordinación entre FANB, Sebin y Zodi— pero difieren en la lectura política: para unos, prueba de capacidad operativa; para otros, prueba de la profundidad del problema.

En el medio, quedan las comunidades amazónicas, que solo ven pasar patrullas y operativos mientras se preguntan cuánto tiempo estuvieron caminando sobre un campo minado.