Trabajadores venezolanos están llevando su reclamo salarial al máximo árbitro internacional de derechos humanos, mientras el Estado guarda un silencio que ya dura casi tres años. El pulso no es solo por el monto del sueldo, sino por el derecho mismo a obtener justicia.

Trabajadores vs. Estado: el salario como derecho humano

Para las organizaciones de trabajadores y de derechos humanos, lo que ocurre en Venezuela es una “violación sistemática a los sueldos dignos” que los ha obligado a acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU.¹ Denuncian que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ignorado una Acción de Amparo Constitucional introducida en 2023 para proteger el “salario mínimo vital” y exigir su ajuste anual conforme a la Constitución.¹

Otro grupo de denunciantes resume el caso en términos más directos: “Trabajadores denuncian ante la ONU al Estado venezolano por bajos salarios”, subrayando que el reclamo se centra también en la “violación de sus derechos a acceder a la justicia” por la inacción del TSJ frente a la acción de amparo por un “salario suficiente”.²

La dimensión política: del “Estado” al “chavismo”

Mientras unos titulares apuntan al “Estado venezolano”,² otros señalan explícitamente al régimen: “Trabajadores acusaron al chavismo ante la ONU de negar justicia en demanda por salario digno”.³ El núcleo de la denuncia es el mismo —negación de justicia y salarios indignos—, pero el encuadre cambia: de un fallo institucional abstracto a la acusación directa contra el proyecto político gobernante.

En todos los relatos hay coincidencia en dos puntos: la parálisis del TSJ y la exigencia de que la ONU reconozca que el acceso a un salario digno y a un recurso judicial efectivo ya no es un debate económico, sino un conflicto abierto de derechos humanos.