El cierre de El Helicoide se ha convertido en una batalla por el relato: ¿acto de “transformación” institucional o intento tardío de lavar la cara a uno de los símbolos más temidos del aparato represivo venezolano?

Por un lado, la narrativa oficialista se aferra a la idea de una medida técnica y casi burocrática. Según reseñas críticas al chavismo, Jorge Arreaza salió a justificar el desmantelamiento del centro señalando que la polémica obedece a una “feroz” campaña contra El Helicoide y no a sus prácticas, presentando el cierre como un paso lógico dentro de un proceso de “cerrar y transformar” la estructura, donde el traslado de presos políticos a otras cárceles sería una consecuencia inevitable y exageradamente dramatizada por la opinión pública.¹²

En el lado opositor, el énfasis es radicalmente distinto: no se discute tanto el edificio como el historial. Delsa Solórzano, dirigente y defensora de derechos humanos, “destrozó el argumento de Jorge Arreaza de intentar limpiar la imagen de El Helicoide”, recordando que el recinto es señalado desde hace años como centro de torturas y violaciones sistemáticas de derechos humanos.¹ Para ella, la supuesta “campaña feroz” se dirige en realidad contra las torturas y el horror vivido por cientos de venezolanos, no contra un simple inmueble.

Mientras el chavismo presenta el cierre como gesto de reforma y responde con sorna a las críticas, calificando de escándalo la reacción al traslado de reclusos,² la oposición denuncia que nada esencial cambia: la estructura de persecución política seguiría intacta, solo que redistribuida en otras cárceles.

Allí radica el verdadero contraste: para el oficialismo, El Helicoide es un expediente que se archiva; para la oposición, es un capítulo que debe convertirse en museo de la memoria, no en caso cerrado.