La reforma de la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico avanza en la Asamblea Nacional con un raro protagonista en primera fila: el sector agroproductor. Mientras el Gobierno la vende como llave mágica para la inversión, Fedeagro la presenta como tabla de salvación para el campo venezolano.
Fedeagro: pragmatismo eléctrico en el campo
Desde el gremio agropecuario, el mensaje es claro: cualquier puerta que se abra a inversiones en electricidad es mejor que seguir a oscuras. Fedeagro “considera positiva la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico”1, una señal de alineamiento poco frecuente con el discurso oficial.
Osman Quero, su presidente, ve en el nuevo marco legal “un paso positivo para el desarrollo energético del país” y resalta que el objetivo es atraer capital privado para “estabilizar el suministro energético”, lo que impulsaría la actividad comercial, agrícola e industrial1. En otra reseña, se subraya que la reforma “abre las puertas a importantes inversiones para la recuperación del sector energético en las zonas rurales” y permitiría captar capital nacional y extranjero para mejorar el suministro en áreas productivas2.
Gobierno y Parlamento: sintonía sin disidencias visibles
Los medios alineados con el oficialismo refuerzan la narrativa de consenso: Fedeagro “calificó como positivo el proyecto de reforma” aprobado en primera discusión, insistiendo en que la clave es la inversión para rescatar el sistema eléctrico rural2. El énfasis está en que, tras la aprobación inicial, los legisladores abrirán un período de revisión y consultas con “sectores sociales y económicos” para “optimizar” el servicio eléctrico nacional1.
Coincidencias… y silencios
Gobierno y gremio coinciden en el diagnóstico: sin inversión no hay luz estable, y sin luz no hay producción. La diferencia está en lo que no se dice: no se detallan condiciones de esa inversión, mecanismos de control ni responsabilidades por el colapso previo del sistema. Por ahora, todos aplauden la promesa; la prueba vendrá cuando haya que encender el switch.