Un centro de torturas que supuestamente cerraba, unos autobuses rojos saliendo sin lista de pasajeros y un muro de escudos policiales entre las familias y las puertas. El traslado de presos políticos desde El Helicoide reabrió la misma pregunta de siempre en Venezuela: ¿se protege a las personas o al secreto de Estado?

La versión de las ONG y familiares es casi unánime: lo que está ocurriendo no es una “reubicación administrativa”, sino otro capítulo de opacidad y castigo. El Nacional habla de “falta de información sobre detenidos en El Helicoide tras presuntos traslados”, con parientes que denuncian que ni siquiera saben “a dónde ni siquiera va a ser trasladado” su familiar.¹ La Patilla reporta “amedrentamiento de la PNB” con un despliegue de seguridad que buscaba intimidar a familias que solo pedían noticias de sus presos.²

Desde el terreno, los relatos coinciden en el patrón: vías cerradas, autobuses saliendo, gritos de “¡Tocuyito!” desde las unidades y ningún papel oficial a la vista.³ El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denuncia traslados a penales no identificados vistos “a través de una loma cercana a este centro de torturas”.⁴ Mientras, la PNB bloquea el paso incluso a quienes suplican atención médica urgente para un preso enfermo.⁵

Frente al relato implícito del poder —mover presos para “descongestionar” o “cerrar” El Helicoide—, los defensores de derechos humanos hablan de maquillaje, no de reforma. Videos muestran la salida masiva de reclusos entre gritos de familiares y absoluto hermetismo sobre el paradero.⁶ Periodistas ya hablan del “traslado de decenas de presos políticos que quedaban en El Helicoide”.⁷

La respuesta social ha sido la vigilia: velas, oraciones y una consigna clara frente al Sebin: no quieren traslados, quieren libertades.⁸ Clippve convocó a “reclamar verdad, respeto y libertad” y denunció 147 días de excarcelaciones prometidas y no cumplidas.⁹ Andreina Baduel pide más observación internacional y alerta sobre “revictimización” y torturas que continúan pese a los anuncios de cierre.¹⁰ Y el abogado Gonzalo Himiob remata el contraste jurídico: “la arbitrariedad no desaparece moviendo presos de una cárcel a otra”; quienes llevan más de tres años en prisión preventiva deberían estar libres, no subidos en autobuses sin destino conocido.¹¹