El caso Víctor Hugo Quero Navas se ha convertido en un choque frontal entre una Fiscalía que da por zanjado el expediente con una causa médica y una constelación de familiares, ONG y oposición que dicen que el verdadero cadáver es el de la transparencia del Estado.
La versión oficial: expediente cerrado
Para el Ministerio Público, la historia es sencilla y técnica: necropsia, exhumación, peritajes y cierre. El organismo insiste en que Víctor Hugo Quero murió por un tromboembolismo pulmonar, sin rastros de violencia y con una data de muerte de entre 10 meses y un año.1 La Fiscalía subraya que no se evidenciaron lesiones traumáticas y que la identidad fue confirmada con una probabilidad genética de 99,496 % mediante pruebas del IVIC.2
Los medios alineados al gobierno remarcan el mensaje de prolijidad procesal: todas las diligencias se realizaron conforme al Código Orgánico Procesal Penal y a “los principios que rigen la investigación de muertes potencialmente ilícitas”,1 y el Ministerio Público promete seguir “garantizando los derechos humanos en las prisiones”.3
La contra-narrativa: preguntas, omisiones y desaparición forzada
En el otro extremo, la oposición y las ONG hablan de “carpetazo” y de un comunicado que “deja más preguntas que respuestas”.4 Justicia, Encuentro y Perdón acusa al MP de despachar el caso como un problema médico mientras “evade la responsabilidad penal del Estado” y omite explicar los 16 meses en los que la familia no supo nada del paradero de Quero.5
Laboratorio de Paz enumera “nueve omisiones” que van desde invisibilizar la responsabilidad especial del Estado hasta confundir causa de muerte con explicación de la muerte y excluir organismos independientes de la investigación.6 Provea recuerda que toda muerte bajo custodia “es de exclusiva responsabilidad del Estado” y que los funcionarios podrían enfrentar responsabilidades civiles, administrativas y penales por acciones u omisiones.7
La familia: informe como revictimización
La familia de Víctor Quero es aún más dura: acusa al MP de intentar “exonerar responsabilidades”8 y de haber difundido el comunicado mientras su hermano leía el expediente, sin siquiera permitirles procesar la información.8 En un pronunciamiento público, denuncian que el texto oficial “nada dice” sobre el arresto arbitrario, la desaparición forzada y la cadena de funcionarios que durante más de un año les negó información sobre su paradero.9
En paralelo, voces opositoras como la de Edmundo González han convertido el caso en símbolo de una herida colectiva: la madre de Víctor, Carmen Teresa, habría pasado más de un año tocando puertas y recibiendo mentiras, mientras su hijo llevaba meses muerto.
10 Para unos, la autopsia cierra; para otros, apenas abre la escena del crimen institucional.