La cobertura de ambos bloques coincide en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, retiró a Delcy Rodríguez de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), levantando las sanciones individuales impuestas desde 2018 que congelaban sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibían a ciudadanos y empresas de EE.UU. hacer negocios con ella. Tanto medios opositores como oficialistas ubican la decisión a comienzos de abril, la vinculan con el nuevo rol de Rodríguez como presidenta interina/encargada tras la caída o destitución de Nicolás Maduro, y subrayan que la medida permite restablecer transacciones financieras y el potencial descongelamiento de activos vinculados a la funcionaria. Ambos lados señalan que el anuncio fue formalizado mediante una actualización de los registros de la OFAC y que Rodríguez reaccionó públicamente calificando el gesto como positivo.

En cuanto al contexto, las dos corrientes mediáticas ubican esta decisión en un proceso más amplio de deshielo entre Washington y Caracas, que incluye la reanudación de algunos vínculos diplomáticos, acuerdos en materia energética y gestos de cooperación política. También concuerdan en que Rodríguez busca capitalizar el levantamiento de sanciones para impulsar una agenda bilateral más estable, con énfasis en la normalización de relaciones y la posibilidad de una flexibilización progresiva de sanciones económicas más amplias sobre Venezuela. Se resalta, en ambos relatos, la participación directa del presidente Donald Trump en la decisión política de removerla de la lista y la lectura de este movimiento como un paso dentro de una estrategia de recomposición institucional en Venezuela bajo el liderazgo interino de Rodríguez.

Áreas de desacuerdo

Significado político de la medida. Los medios opositores presentan el levantamiento de sanciones como un movimiento táctico de Washington para abrir canales de negociación y asegurar gobernabilidad tras la captura o salida de Nicolás Maduro, enfatizando que figuras como Diosdado Cabello permanecen sancionadas y bajo estrecha vigilancia. Los medios alineados con el gobierno, en cambio, lo interpretan como un reconocimiento político directo a Delcy Rodríguez y al nuevo esquema institucional en Caracas, subrayando que se trata de un gesto de respeto a la soberanía venezolana. Mientras la oposición lo ve como un instrumento de presión calibrada, el oficialismo lo enmarca como una victoria diplomática y un aval internacional a la nueva presidencia interina.

Responsabilidad de las sanciones y su levantamiento. La prensa opositora describe las sanciones previas como consecuencia de años de autoritarismo, corrupción y violaciones de derechos humanos bajo el chavismo, sugiriendo que la remoción de Rodríguez responde a cambios de facto en el poder y a la necesidad de EE.UU. de gestionar la transición. La prensa afín al gobierno, por su parte, insiste en que las sanciones fueron injustas, de carácter político y contrarias al derecho internacional, y que su levantamiento se debe al reconocimiento de esos “errores” por parte de Washington. Así, unos ven la flexibilización como fruto de cálculos geopolíticos y reformas internas aún insuficientes, mientras los otros la leen como rectificación moral y política de la política de máxima presión.

Impacto sobre las sanciones al país. En la narrativa opositora, la medida es presentada como un alivio estrictamente individual que no implica el fin del régimen de sanciones económicas generales sobre Venezuela, y se advierte que la continuidad de restricciones sobre otros altos cargos, como Cabello, indica que el “núcleo duro” del chavismo sigue bajo castigo. En la prensa gubernamental, en cambio, se insiste en el potencial efecto dominó: se citan las declaraciones de Rodríguez confiando en que este paso acelerará el levantamiento de sanciones sobre la economía venezolana y se mencionan señales europeas de seguir un camino similar. Para los medios opositores, el impacto macroeconómico es aún limitado y condicionado; para los alineados al gobierno, es el inicio tangible de un desmontaje progresivo del andamiaje sancionatorio.

Evaluación de la gestión de Delcy Rodríguez. Los medios críticos al chavismo vinculan el levantamiento de sanciones a reformas económicas y gestos de apertura —incluida una amnistía política— que describen como resultados de la presión internacional y de la crisis interna, señalando a la vez persistentes problemas como el deficiente plan de ahorro eléctrico y la falta de transparencia. Los medios oficialistas, por otro lado, destacan estas mismas reformas como iniciativas soberanas exitosas de la presidenta interina y como evidencia de su voluntad de cooperación y estabilidad, omitiendo en gran medida las críticas de ONG y sectores opositores. De este modo, la oposición enmarca las medidas de Rodríguez como concesiones forzadas y aún incompletas, mientras el oficialismo las presenta como logros de liderazgo y buena gestión.

In summary, Opposition coverage tends to presentar el levantamiento de sanciones a Delcy Rodríguez como un ajuste táctico y limitado dentro de una estrategia de presión y negociación hacia un chavismo aún bajo sospecha, while Government-aligned coverage tends to retratarlo como una victoria diplomática de Rodríguez y un reconocimiento internacional que abre la puerta al fin de las sanciones contra Venezuela y a una nueva etapa de cooperación.