История
22 нояб. 2026 г.
La renovación del TSJ arranca con una cifra récord, pero el poder vuelve a aparecer en la lista
El proceso para renovar el Tribunal Supremo de Justicia reúne a 1.343 aspirantes y abre una etapa de impugnaciones. La oposición ve una oportunidad democrática, mientras investigaciones advierten sobre sancionados, funcionarios en ejercicio y vínculos políticos.
El Comité de Postulaciones Judiciales publicó la lista de 1.343 aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura. El reparto incluye 1.066 candidatos a magistrados, 166 a inspector general y 111 a director de la Escuela. Con la publicación comenzó el período de impugnaciones, que se extenderá del 21 de noviembre al 5 de diciembre. 1
La versión oficial presenta el proceso como una apertura institucional sometida a reglas: las objeciones deberán entregarse “por escrito y con pruebas fehacientes”, y el Comité decidirá cuáles son admisibles. 1 El cronograma prevé entrevistas, revisión de credenciales y una designación parlamentaria el 11 de diciembre.
La oposición, sin embargo, contrapone participación con independencia. Dinorah Figuera calificó la convocatoria como “un primer paso en la hoja de ruta del camino hacia la libertad”, pero el entusiasmo convive con una advertencia: más de 80% de los magistrados en ejercicio habría vuelto a postularse, incluida la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez. 3
La investigación de Cazadores de Fake News y El Pitazo añade una capa más incómoda: 11 aspirantes aparecen en listas de sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea; ocho buscan una magistratura. La misma revisión identificó ministros, procuradores, fiscales, jueces y otros funcionarios vinculados al aparato estatal. Las sanciones, aclara el reporte, no equivalen a condenas, y una postulación tampoco garantiza la elección. 2
También hay señales de continuidad política. Una revisión de los aspirantes detectó 22 candidatos que compitieron por cargos electivos en 2025, además de 142 personas con funciones relacionadas con el Estado. 4 El dilema queda planteado: el proceso ofrece una vía formal de renovación, pero la composición de la lista puede convertirla en una simple redistribución del poder judicial.