Estados Unidos abrió una rendija en el muro de sanciones a Venezuela, pero con fecha de caducidad y muchas letras pequeñas: la ayuda podrá fluir, el poder financiero seguirá bajo candado.

Qué decidió Washington

El Departamento del Tesoro suspendió parcialmente las sanciones hasta el 23 de octubre para permitir “operaciones relacionadas con las labores de ayuda” tras los devastadores terremotos, habilitando transacciones como transferencias bancarias que, de otro modo, “estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela”.¹ La orden no desbloquea bienes congelados ni levanta el andamiaje general de presión económica.²

En paralelo, Washington mueve un paquete de asistencia millonaria: el Departamento de Estado anunció 150 millones de dólares en ayuda, combinando 50 millones en subvenciones bilaterales con 100 millones a un fondo humanitario de la ONU.¹ Otro esquema de apoyo, descrito por medios estadounidenses, ya había canalizado 100 millones de dólares a la OCHA y 50 millones a organizaciones locales, más equipo militar y brigadas de rescate especializadas desde Virginia y California.²

Caracas bajo los escombros, y bajo condiciones

La tragedia es apabullante: dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 1.430 muertos y 3.238 heridos, según el último balance oficial.² Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por EE. UU., recorre zonas como Macuto “acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y el rescate de personas” atrapadas entre los restos de edificios colapsados.¹

Mientras el gobierno solicita ayuda internacional y recibe a los primeros rescatistas de República Dominicana, a la espera de más equipos de otros países,¹ Washington marca el ritmo: coopera operativamente, pero mantiene la palanca de las sanciones.

Contraste clave: alivio humanitario vs. continuidad de la presión

Para la oposición y buena parte de la sociedad civil, la decisión de “suspender sanciones… para permitir ayuda internacional”¹ es un alivio indispensable, pero insuficiente: se trata de una licencia temporal estrictamente humanitaria, no de un cambio de fondo en la política de máxima presión. La Casa Blanca, por su parte, se reserva el rol de árbitro: abre el grifo de dólares y excepciones regulatorias cuando la catástrofe lo exige, sin soltar el instrumento de castigo financiero que sigue definiendo la relación con Caracas.