La segunda Consulta Popular Nacional del 12 de julio ya tiene un blindaje policial y militar en marcha: el gobierno la vende como fiesta democrática; la oposición crítica, aunque ausente en estas notas oficiales, la verá como otro despliegue de control en vez de garantías.

Gobierno: seguridad como sinónimo de participación

En la narrativa oficial, todo es organización milimétrica y paz garantizada. El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el CNE afinan un “plan de seguridad” nacional para la jornada, con videoconferencias técnicas encabezadas por el viceministro Endes Palencia y el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero.¹ La versión oficial subraya cifras: 5.418 circuitos y 48.086 consejos comunales actuando en 11.412 centros de votación, con 12.747 mesas a escala nacional.²

Los medios alineados remarcan que se trata de un operativo “especial” que incluye órganos de seguridad ciudadana, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y la FANB, activos antes, durante y después del proceso, bajo la Gran Misión Cuadrantes de Paz.³ El mensaje: más uniformados equivalen a más tranquilidad, no a intimidación.

Discurso político: poder popular vs. sospecha de control

Delcy Rodríguez coloca el énfasis en la participación y el “poder popular”. La consulta, sostiene, permite que “la comunidad organizada… decide dónde direccionar los recursos públicos” y es quien “tiene el verdadero sentir de los problemas en el territorio”.⁴ La presencia de comunas y juntas de condominio se presenta como prueba de democracia directa.

Desde una mirada crítica —ausente en estas fuentes pero inevitable en el debate— el mismo cuadro puede leerse al revés: un evento promovido desde arriba, con el aparato estatal y militar desplegado en todos los centros, y una institucionalidad electoral altamente cuestionada. Para el gobierno, el 12 de julio será una demostración de paz y organización popular; para sus detractores, otro episodio donde la seguridad pesa más que la confianza.