La ganadería venezolana volvió al centro del debate político: la Asamblea Nacional (AN) promete mano dura contra el abigeato y el contrabando, pero la letra pequeña del nuevo proyecto de ley aún está por escribirse.

Lo que celebra el oficialismo

Los medios alineados al gobierno presentan la reforma como un hito de modernización. La AN aprobó por unanimidad en primera discusión la Ley para la Protección de la Actividad Ganadera, con la intención de reemplazar un marco legal "preconstitucional" de finales de los 90, considerado obsoleto ante la realidad del campo.¹ La norma apunta a regular, proteger y fomentar la actividad ganadera con mecanismos de control, fiscalización y “trazabilidad tecnológica” para blindar la seguridad alimentaria.²

En esta versión, el foco está en la tecnificación y las buenas prácticas: modernizar unidades de producción, reforzar la trazabilidad de los animales y cerrar las lagunas legales que facilitan el contrabando y el robo organizado de ganado.³

La otra cara dentro del propio Parlamento

Aunque todas las fuentes corresponden a medios progobierno, en los propios discursos parlamentarios aparece el contraste. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, admite que la ley vigente permite plazos de hasta 90 días para certificar la propiedad de un ganado sospechoso, un tiempo que, según él, facilita que “ese ganado ya estaría en Ecuador”.¹ Es una crítica frontal a la impunidad actual.

Diputados como Julio César Reyes, desde la fracción Libertad, respaldan la reforma pero subrayan que los productores hoy “no se sienten protegidos” frente a robos e invasiones de fincas y exigen sanciones penales “ejemplarizantes”.¹

Coincidencias y puntos ciegos

Todos los relatos convergen en dos diagnósticos: la ley de 1997 quedó atrás y el abigeato está fuera de control.² Coinciden también en la necesidad de un régimen sancionatorio más severo y en la creación de una comisión mixta con la Fiscalía para diseñarlo.³

Lo que no aparece en estas coberturas es la voz crítica externa: ni opositores fuera del Parlamento ni gremios independientes. Por ahora, el consenso es interno y oficialista; la verdadera prueba llegará en la segunda discusión, cuando el campo vea si la “protección” se traduce en seguridad real o solo en más controles sobre los productores.