En Colombia, la campaña presidencial entró en modo guerra total: a once días de la segunda vuelta, la disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella dejó de ser solo de encuestas y pasó a los tribunales penales.

La acusación: paramilitarismo en el corazón de la derecha

Desde el campo de la izquierda y sectores opositores, el movimiento de Cepeda se describe como un golpe de fondo contra la ultraderecha. El candidato anunció una denuncia penal por “concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito” contra De la Espriella, a quien vincula con antiguas estructuras paramilitares.¹ La querella fue radicada ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, alegando crímenes de lesa humanidad ligados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).²

Los artículos críticos con De la Espriella subrayan un patrón: selección de candidatos al Congreso apoyados por paramilitares, presuntos sobornos en centros de reclusión, acceso a predios de jefes condenados y una supuesta contribución a un soborno para la elección del exfiscal Mario Iguarán.¹³ En esta narrativa, De la Espriella habría sido a la vez “financiado y financiador” de grupos armados ilegales y eventual reclutador a través de la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz).²

El marco oficialista: justicia versus retorno del pasado

Los medios alineados con el gobierno reciclan la misma munición fáctica, pero la cargan con un mensaje político más directo: la denuncia es presentada como parte de una “batalla por la verdad y la justicia social” frente al posible regreso de sectores ligados a la violencia sistemática.³ Se insiste en que la gravedad de los hechos justifica acudir a la justicia internacional porque “no han sido debidamente investigados” por las instituciones colombianas.²

El gran contraste: urnas o estrados

Mientras los sondeos ponen a De la Espriella en cabeza con más del 52 % de intención de voto frente al 44,5 % de Cepeda,¹ el expediente penal irrumpe como tercer actor de la contienda. Para la oposición, es un intento de frenar a un candidato con pasado turbio; para el oficialismo, es un juicio simbólico al paramilitarismo político. Para los votantes, el dilema es más crudo: ¿se decide el futuro de Colombia en las urnas o en los estrados?