El chavismo se lanza a corregir el colapso que él mismo alimentó: la llamada “Revolución Judicial” promete atacar de raíz el retardo procesal, mientras exhibe cifras, triunfos parciales y un giro “humanista” sobre las cárceles venezolanas. La pregunta es si se trata de una reforma estructural o de otro operativo relámpago con fuerte carga política.

El relato oficial: revolución, despliegue y cifras

El Gobierno presenta el plan como un despliegue técnico, masivo y coordinado. “El despliegue de la Revolución Judicial inicia este viernes en 8 estados del país”¹, con comisiones en Aragua, Carabobo, Miranda, La Guaira, Falcón, Lara, Zulia y Distrito Capital, enfocadas en centros de detención preventiva e internamientos judiciales¹.

Diosdado Cabello pone los números sobre la mesa: “Actualmente, hay 58.714 privados de libertad” y 12.425 llevan más de dos años presos sin sentencia². El propio ministro reconoce lo absurdo del sistema: “Había gente presa porque se robaron unas láminas de zinc y después no aparecía quién los juzgara”³. En paralelo, reivindica logros: “Logramos reducir más del 40% de la población en los centros de detención” desde el inicio de la consulta para la reforma penal⁴.

El despliegue se vende como humanización del sistema y trabajo conjunto de todos los poderes. Cabello habla de descongestionar calabozos, revisar expedientes y recabar propuestas “orientadas a la reestructuración y humanización del sistema de justicia”⁵, excluyendo delitos graves como violaciones y narcotráfico⁶. La Asamblea Nacional también se suma: “AN participará en despliegue permanente en centros preventivos de detención” con equipos de diputados y magistrados en todo el país⁷.

El contraste: autocrítica controlada y poder concentrado

En el discurso oficial hay un reconocimiento parcial del desastre —años de retardo procesal, presos por delitos menores varados sin juicio³—, pero la crítica nunca apunta al diseño político del sistema, sino a “irregularidades administrativas” detectadas en la marcha⁴.

Mientras el Gobierno centraliza aún más la respuesta —Cabello, TSJ, Fiscalía y AN moviéndose en bloque⁵⁷—, no se abren espacios reales para una supervisión independiente. La “Revolución Judicial” se plantea como solución y juez de sus propios errores a la vez: promete equilibrio entre derechos de reclusos y víctimas¹, pero mantiene el control absoluto del aparato que creó el colapso que ahora dice venir a corregir.