Un preso con cáncer muere sin tratamiento en una cárcel venezolana y el caso desnuda algo más grande que una tragedia individual: una pelea abierta sobre quién responde por la vida de quienes están tras las rejas.

OVP vs. Estado ausente

Desde la trinchera de los derechos humanos, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) no se anda con eufemismos: Leonardo José Figueroa, de 46 años, “permaneció durante dos años padeciendo cáncer sin recibir, presuntamente, el tratamiento médico requerido” hasta morir el 28 de mayo en el Internado Judicial de Monagas, conocido como La Pica.¹ La ONG sostiene que, pese a la orden médica de quimioterapias urgentes, “el tratamiento nunca se materializó” y que la falta de transporte interno y la burocracia “no le garantizaron el derecho a la salud”.²

En la misma línea, otro medio resume el caso sin rodeos: “Otro preso murió bajo custodia chavista en Monagas: No recibió tratamiento contra el cáncer”, subrayando el control absoluto del Estado sobre un recluso que dependía totalmente del sistema penitenciario para vivir.¹

Familia desesperada vs. instituciones mudas

Del lado de la familia, el relato es brutal. “A mi hijo lo dejaron morir como a un animal, allí encerrado”, denunció la madre de Figueroa, citada por el OVP, al describir dos años de súplicas ignoradas ante tribunales y organismos oficiales para conseguir traslados, especialistas y una medida humanitaria que nunca llegó.²

En contraste, la versión oficial simplemente no aparece: ni desmentidos, ni explicaciones públicas sobre por qué un preso diagnosticado con cáncer no tuvo oncólogo, ni tratamiento, ni dieta adecuada.

Una muerte, un patrón

Mientras la oposición mediática destaca que esta defunción engrosa una lista de 19 muertes bajo custodia solo entre abril y mayo de 2026,¹ el Estado guarda silencio. Entre la denuncia de OVP y la ausencia total de respuesta oficial, el contraste es feroz: para unos, es una estadística más de una crisis penitenciaria crónica; para otros, es la prueba de que, en Venezuela, una condena de cárcel puede convertirse de facto en pena de muerte.