Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta (E) o vicepresidenta según las distintas coberturas, encabezó en La Haya la delegación venezolana ante la Corte Internacional de Justicia en las audiencias orales sobre la controversia territorial por la Guayana Esequiba o Esequibo. Tanto medios opositores como oficialistas coinciden en que Venezuela defendió allí su soberanía y derechos históricos sobre el territorio, reiteró que no reconoce la jurisdicción de la CIJ por falta de consentimiento expreso, y sostuvo que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento jurídico central para abordar la disputa con Guyana. Ambos bloques señalan que el caso gira en torno a la validez o nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, que Guyana administra actualmente la zona en disputa y que la representación venezolana presentó un voluminoso acervo documental e intervenciones finales pidiendo a la Corte que no sustituya la voluntad de las partes.

En las dos líneas editoriales se menciona, con matices, que la controversia es de larga data, ligada al legado colonial británico y a la forma en que Reino Unido y luego Guyana consolidaron control sobre el área, y que el Acuerdo de Ginebra busca una solución negociada, práctica y mutuamente aceptable. Se recoge que la acción de Guyana ante la CIJ está vinculada en el tiempo al descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en 2015 y a la posterior estrategia de judicialización del conflicto. También se coincide en que la presentación venezolana se articula alrededor del derecho internacional, la integridad territorial y la idea de transformar una disputa histórica en una oportunidad de cooperación bilateral, aun cuando se mantienen las posiciones firmes sobre la titularidad del territorio.

Áreas de desacuerdo

Enfoque sobre la figura de Delcy Rodríguez. Medios oficialistas presentan a Rodríguez como presidenta interina, líder legítima y portavoz de un pueblo unido que ama la justicia, destacando su "defensa impecable", su autoridad moral y el apoyo de mandatos electorales recientes como el del referendo del 3 de diciembre de 2023. Las fuentes opositoras, en cambio, la nombran simplemente como representante del chavismo o del gobierno de Maduro, sin enfatizar su pretendida investidura y evitando el tono épico, lo que implícitamente cuestiona la narrativa de representación plena del país. Así, mientras los medios alineados con el gobierno la elevan como figura de Estado y símbolo de unidad nacional, la prensa crítica la presenta más como vocera de una facción política en el poder.

Prioridades del Estado y conexión con la crisis interna. Los medios oficialistas encuadran la defensa del Esequibo como prioridad de Estado, causa histórica y asunto de soberanía que trasciende coyunturas y demuestra compromiso con la paz y el derecho internacional, sin vincularla a la crisis política interna. La prensa opositora introduce el contrapunto de la diáspora en Países Bajos y otros actores que cuestionan que la agenda oficial se concentre en el litigio territorial mientras persisten graves fallas de electricidad, agua y violaciones de derechos humanos, incluyendo presos políticos. En la narrativa crítica, la defensa ante la CIJ se percibe como un esfuerzo que convive con el deterioro institucional y social, mientras que en la oficialista se separa del conflicto interno y se proyecta como cruzada patriótica compartida.

Interpretación del derecho internacional y de la CIJ. Las fuentes alineadas con el gobierno insisten en que Venezuela es promotora del derecho internacional, que respeta a la CIJ pero niega su jurisdicción específica en este caso, subrayando la primacía absoluta del Acuerdo de Ginebra y la supuesta nulidad del laudo de 1899 respaldada por miles de folios de pruebas. Los medios opositores reproducen la posición de desconocer la jurisdicción como un dato, pero la califican también como parte de un discurso que tilda el proceso de "absurdo antijurídico" y señalan la contradicción de presentarse ante una corte cuya autoridad se niega, sugiriendo un uso político del alegato soberanista. Mientras la prensa oficialista enmarca la postura como defensa coherente de la legalidad internacional frente a una CIJ influida por potencias coloniales, la opositora subraya las ambigüedades y riesgos de confrontar selectivamente a los órganos internacionales.

Uso político y simbólico del Esequibo. En la cobertura oficialista, el Esequibo aparece como elemento central de la identidad nacional, con referencias a la venezolanidad, la memoria histórica y un destino común con el pueblo de Guyana, y se resalta que todos los sectores del país respaldan la causa territorial y los títulos históricos desde el siglo XV. La prensa opositora, aunque no cuestiona abiertamente la reclamación territorial ni el valor simbólico del Esequibo, matiza esa aparente unidad nacional al dar voz a sectores que acusan al gobierno de instrumentalizar el conflicto para desviar atención de la crisis democrática y de los abusos de poder. Así, mientras los medios oficialistas hablan de una defensa patriótica que sepulta un laudo fraudulento y densifica el consenso interno, los opositores ponen el acento en la utilización propagandística del tema y en la brecha entre el discurso de soberanía y la realidad cotidiana de los ciudadanos.

In summary, Opposition coverage tends to presentar la intervención de Delcy Rodríguez como parte de una estrategia política del chavismo que convive con la crisis interna y el cuestionamiento institucional, mientras Government-aligned coverage tiende a retratarla como una gesta de Estado cohesionada, jurídicamente impecable y apoyada por un pueblo unido en defensa histórica de la Guayana Esequiba.