El foro “Nuevas formas de comunicación: Fortalecimiento de la comunicación popular y alternativa” se realizó en el estado La Guaira, con participación de comunicadores, activistas y representantes institucionales. Fue organizado por la Unidad de Comunicación (UICOM) de la Asamblea Nacional y se centró en debatir el papel de la comunicación popular y alternativa, así como en ofrecer herramientas prácticas para distinguir noticias verdaderas de falsas y enfrentar fenómenos de desinformación que afectan a la población.

Tanto coberturas opositoras hipotéticas como las alineadas con el gobierno coinciden en ubicar el evento dentro de una agenda de formación comunicacional impulsada desde el poder legislativo y estructuras de comunicación oficial. También comparten que se trabajaron conceptos de comunicación vinculados a la salud mental y a la protección de la ciudadanía frente a campañas de manipulación, enmarcando el foro dentro de un esfuerzo más amplio de alfabetización mediática y fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos.

Áreas de desacuerdo

Naturaleza de la “Guerra Cognitiva”. Las fuentes opositoras tienden a cuestionar el concepto de “Guerra Cognitiva”, señalándolo como un marco retórico usado para justificar el control del relato y la estigmatización de voces críticas. Las fuentes alineadas con el gobierno, en cambio, lo describen como una ofensiva real de desinformación orquestada por actores externos y por la oposición, que busca confundir a la población y debilitar al Estado. Mientras la oposición subraya el riesgo de que esa etiqueta se use para descalificar el disenso, el oficialismo la presenta como un diagnóstico técnico y geopolítico que legitima la necesidad del foro.

Rol del Estado en la comunicación popular. Medios opositores suelen describir este tipo de foros como mecanismos de cooptación de la comunicación comunitaria por parte del aparato estatal y partidista, insistiendo en que la verdadera comunicación popular debería ser autónoma y crítica del poder. Los alineados con el gobierno resaltan que el Estado tiene la responsabilidad de formar, acompañar y dotar de herramientas a comunicadores populares para que amplifiquen las voces de las comunidades frente a grandes corporaciones mediáticas. La oposición enfatiza los riesgos de dependencia y uniformidad ideológica, mientras el oficialismo enmarca la intervención estatal como garantía de inclusión y democratización del espectro comunicacional.

Enfoque sobre la desinformación y las “fake news”. Desde la óptica opositora, la insistencia del foro en diferenciar noticias verdaderas de falsas podría interpretarse como una forma velada de etiquetar el periodismo crítico y las denuncias ciudadanas como desinformación, reforzando la autocensura. Los medios cercanos al gobierno, por su parte, presentan estos contenidos como una capacitación necesaria para que la población no sea víctima de manipulaciones mediáticas y campañas psicológicas adversas. Así, mientras la oposición advierte sobre el uso selectivo del concepto de “fake news”, el oficialismo lo reivindica como un instrumento para empoderar a las audiencias y fortalecer la credibilidad de los canales aliados al proyecto gubernamental.

Implicaciones para la salud mental y el debate público. Coberturas opositoras tienden a resaltar que el discurso de protección de la salud mental puede emplearse para deslegitimar la exposición a contenidos críticos, asociándolos con ansiedad o caos informativo que habría que “filtrar”. Los medios oficialistas subrayan que el foro ofrece herramientas psicológicas y comunicacionales para que la ciudadanía gestione el estrés y la sobrecarga informativa en contextos de crisis y guerra mediática. De este modo, mientras la oposición teme un uso paternalista y restrictivo del argumento sanitario, el gobierno-alineado lo presenta como cuidado colectivo frente a la manipulación y la intoxicación informativa.

In summary, Opposition coverage tends to presentar el foro como una estrategia de control narrativo y alineamiento ideológico de la comunicación popular, mientras Government-aligned coverage tiende a enmarcarlo como un esfuerzo legítimo de formación, defensa ante la desinformación y fortalecimiento de los comunicadores comunitarios.