Fenegas, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos, declaró en emergencia al sector de estaciones de servicio en Venezuela al denunciar que los márgenes de ganancia actuales son mínimos y no cubren los costos básicos de operación. Coinciden las coberturas en que los gasolineros perciben alrededor de un centavo de dólar por litro vendido en la mayoría de las estaciones, especialmente en las que trabajan con combustible subsidiado en bolívares, y que esta situación se mantiene pese a la existencia de un esquema diferenciado en el que una porción menor del mercado vende gasolina a precios internacionales o tipo “súper premium”. También se destaca que, más allá de si cobran en dólares o en bolívares, los operadores aseguran que la estructura de ingresos es insuficiente y que varias estaciones ya enfrentan caída de ventas por la baja capacidad adquisitiva de la población.

Las fuentes revisadas coinciden en que Fenegas lleva varios años realizando gestiones ante el Ejecutivo y ante PDVSA para revisar y actualizar el esquema de comercialización, sin resultados de fondo hasta ahora. Hay acuerdo en que el gremio reclama la homogenización del mercado de combustibles, el “sinceramiento” de los márgenes de ganancia fijados desde 2020 y una estandarización de precios que permita cubrir costos y mantener la operatividad. También se reconoce que la situación se agrava por problemas operativos y tecnológicos de PDVSA, como retrasos mayores a 60 días en los pagos a estaciones subsidiadas por fallas en su plataforma, lo que tensiona aún más la caja de las estaciones y alimenta el escenario de emergencia sectorial.

Áreas de desacuerdo

Responsabilidad y culpa. Medios de la oposición enfatizan que la principal responsabilidad recae en el gobierno y en PDVSA, a los que acusan de ignorar durante años las advertencias de Fenegas y de mantener un esquema de precios y márgenes políticamente fijado e insostenible. Las coberturas alineadas con el gobierno, en cambio, tienden a repartir la responsabilidad entre “distorsiones heredadas”, sanciones internacionales y prácticas ineficientes de algunos operadores privados, restando centralidad a los errores de política interna. Mientras la oposición presenta la emergencia como resultado directo de malas decisiones oficiales, los medios progobierno la enmarcan como una dificultad coyuntural dentro de un proceso de ajuste más amplio.

Diagnóstico del modelo de subsidios. La prensa opositora retrata el subsidio al combustible como un esquema desordenado y opaco que destruye la rentabilidad de las estaciones y desincentiva la inversión, insistiendo en que los operadores solo reciben migajas por litro y que el sistema dual de precios profundiza inequidades. Los medios cercanos al gobierno, por su parte, suelen defender el subsidio como una herramienta social necesaria para proteger a los sectores de menores ingresos, subrayando que cualquier reforma debe ser gradual para evitar impactos inflacionarios o protestas. Así, mientras la oposición plantea el subsidio como el núcleo del problema económico de las estaciones, la narrativa oficialista lo presenta como una conquista social que hay que “racionalizar” sin desmontar.

Alcance y urgencia de las reformas. En la cobertura opositora, la declaración de emergencia de Fenegas se usa para justificar cambios rápidos y profundos: dolarización plena o precios de mercado, liberación de márgenes y mayor autonomía para los operadores, advertiendo que de lo contrario habrá cierres masivos de estaciones. Los medios alineados con el gobierno suelen hablar de ajustes “técnicos” y acotados, como expansiones controladas del programa piloto de gasolina “súper premium” o mejoras administrativas en PDVSA, insistiendo en que no se renunciará a la regulación estatal del sector. La oposición comunica la situación como límite crítico que requiere una reforma estructural inmediata, mientras que la línea progobierno la presenta como un asunto manejable mediante ajustes graduales.

Impacto social y político. La prensa opositora vincula la crisis de márgenes con riesgos de desabastecimiento, deterioro del empleo en estaciones de servicio y un mayor descrédito del modelo económico oficial, sugiriendo que la emergencia de Fenegas es un síntoma más del colapso de los servicios básicos. En contraste, los medios cercanos al gobierno tienden a minimizar el potencial de colapso y destacan esfuerzos estatales por garantizar el suministro, enmarcando la problemática como un desafío técnico que se atiende sin poner en peligro la “soberanía energética”. Así, un mismo hecho se presenta de un lado como un posible detonante de conflictividad social y del otro como una dificultad controlada en un contexto de recuperación.

In summary, Opposition coverage tends to presentar la emergencia de Fenegas como prueba del fracaso del esquema estatal de subsidios y control de precios, reclamando una liberalización urgente del mercado, while Government-aligned coverage tends to reconocer problemas pero atribuirlos a factores externos o coyunturales y proponer ajustes graduales que preserven el rol central del Estado en el sector.