Consulta popular: el mandato que obligaría elecciones

Dejar de exigir y empezar a construir poder Venezuela no enfrenta un vacío constitucional; enfrenta algo más grave: la sustitución deliberada de la Constitución por decisiones políticas. La discusión ha dejado de ser estrictamente jurídica para convertirse en un problema esencialmente político. Ante la prolongada ausencia de Nicolás Maduro, diversos sectores han planteado la existencia de una falta absoluta que obligaría a convocar elecciones presidenciales. Sin embargo, el poder ha optado por una figura inexistente la llamada “ausencia forzosa” para evadir ese mandato. Este hecho revela una realidad incómoda: el régimen no va a activar, por voluntad propia, ningún mecanismo que implique su salida. Insistir en que lo haga conduce al desgaste. Durante años, la oposición ha centrado su acción en exigir el cumplimiento de normas a un poder que ha demostrado que puede reinterpretarlas, vaciarlas o ignorarlas cuando le resulta conveniente. Frente a este escenario, el enfoque debe cambiar. La verdadera cuestión es qué puede hacer la sociedad y la oposición con las herramientas que sí están bajo su control. En ese punto, la consulta popular deja de ser un gesto simbólico y adquiere un carácter estratégico. La falta absoluta no es únicamente un hecho jurídico; es también un hecho político que requiere reconocimiento, legitimidad y presión organizada. En contextos donde las instituciones han sido distorsionadas, la legalidad necesita ser activada desde la sociedad cuando el poder la bloquea desde arriba. La consulta popular permite transformar una tesis en un mandato. No se trata de solicitar autorización, sino de construir legitimidad. La ciudadanía puede pronunciarse de forma directa sobre cuestiones fundamentales: el reconocimiento de la falta absoluta en la Presidencia, la exigencia de elecciones inmediatas y la restitución del orden constitucional. Su fuerza inicial no radica en lo jurídico, sino en lo político y social: construir mayoría, cohesión y dirección. Sin embargo, cuando ese respaldo es claro y amplio, trasciende el ámbito interno. Se convierte en un instrumento de presión internacional y eleva el costo político al régimen de sostener una ficción institucional. Este planteamiento no surge en abstracto. Venezuela ya ha demostrado que puede organizar procesos nacionales sin control del Estado. Las primarias opositoras de 2023 constituyen un precedente relevante. Fueron autogestionadas, sin aparato institucional oficial, y se realizaron en medio de presiones y deslegitimación. A pesar de ello, movilizaron a millones de venezolanos dentro y fuera del país. Más importante aún, dejaron tres lecciones fundamentales: es posible organizar una consulta nacional sin el régimen, la ciudadanía participa cuando percibe un propósito claro y lo nacional e internacional pueden articularse en un mismo proceso. Ese antecedente no debe entenderse como un evento aislado, sino como un modelo replicable. Si fue posible consultar al país para elegir liderazgo, también lo es para algo más trascendental: pronunciarse sobre la falta absoluta y la necesidad de elecciones presidenciales. No se trata de inventar un mecanismo nuevo, sino de repetir y mejorar uno que ya ha demostrado su viabilidad. Que el poder puede ser persuadido para actuar contra su propia conveniencia. La realidad ha sido consistente: el régimen no quiere elecciones, no quiere declarar la falta absoluta y ha demostrado que puede crear o reinterpretar figuras para evitarlo. Insistir en exigir cumplimiento no genera cambio. Genera desgaste. La transformación política no ocurre por repetición retórica, sino por construcción de poder. Y ese poder, en las condiciones actuales, pasa por organizar a la sociedad en torno a un mandato claro. La consulta popular: replicar el modelo organizativo de las primarias, incluyendo la participación de la diáspora, con preguntas claras y una estructura independiente. Este es el punto decisivo, materializar el mandato ciudadano. La internacionalización del resultado: presentar los resultados ante gobiernos y organismos internacionales para convertirlos en presión diplomática efectiva. Existe un elemento adicional que refuerza esta estrategia: la propia narrativa del oficialismo. Durante años, el discurso del poder ha promovido la idea de una “democracia participativa”, en la que el pueblo decide directamente a través de consultas. Esto implica que la consulta popular no es un mecanismo ajeno al sistema político venezolano, sino uno que ha sido validado desde el propio poder. Utilizarlo desde la oposición no supone crear una vía paralela, sino emplear una herramienta que ya ha sido reconocida como legítima expresión de soberanía popular. Esto limita su deslegitimación sin incurrir en contradicciones. La consulta popular puede marcar un punto de inflexión entre la inercia y la acción. En contextos donde el poder se cierra, la única forma de abrirlo es desde la sociedad. Venezuela ya demostró que puede organizarse sin permiso. La discusión ya no es sobre la posibilidad, sino sobre la voluntad. La verdadera pregunta es si la oposición está dispuesta a dar el paso decisivo: convertir la voluntad ciudadana en un mandato político imposible de ignorar.