De san Agustín a los drones: cómo Occidente desarmó la idea de guerra justa
Occidente no siempre fue cínico respecto a la guerra. Hubo un tiempo —incómodo, exigente, intelectualmente honesto— en que se atrevía a preguntarse no solo si podía hacer la guerra, sino si debía hacerla. Esa tradición tiene nombre, y hoy incomoda pronunciarlo: la doctrina de la guerra justa.
TL;DR
- La doctrina de la guerra justa, iniciada por san Agustín y sistematizada por Tomás de Aquino, buscaba encuadrar moralmente el uso de la violencia bélica mediante criterios como causa justa, autoridad legítima e intención recta.
- Figuras como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez ampliaron la doctrina para incluir el derecho internacional y diferenciar entre el derecho a iniciar la guerra (jus ad bellum) y cómo conducirla (jus in bello).
- El siglo XX, con sus guerras industrializadas y de exterminio, cuestionó la viabilidad de la guerra justa, llevando a la creación de la ONU y un enfoque legal en lugar de moral para el uso de la fuerza.
- El artículo argumenta que la sustitución de la pregunta moral ("¿es justa la guerra?") por una procedimental ("¿está permitida?") ha burocratizado el problema, llevando a conflictos con nombres distintos (intervenciones, operaciones especiales) y diluyendo la responsabilidad.
- Se critican dilemas contemporáneos como las intervenciones humanitarias inconsistentes, la guerra contra el terrorismo sin límites claros, y el uso de tecnología que separa al decisor del que sufre la violencia.
- La postura de la Iglesia Católica y el Papa Francisco, que tiende al pacifismo absoluto, es cuestionada por su ambigüedad práctica ante regímenes represivos, renunciando a la noción clásica de causa justa.
- El abandono de la doctrina de la guerra justa no ha eliminado la guerra, sino la capacidad de juzgarla, llevando a la aceptación de conflictos bajo eufemismos y a una renuncia a la responsabilidad moral.
- Se propone la necesidad de reconstruir un marco ético que cumpla la función de la guerra justa: limitar el poder, proteger inocentes y obligar a los gobiernos a rendir cuentas morales por el uso de la fuerza.