La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio. El proyecto elimina las penas de prisión —que podían alcanzar entre 10 y 20 años— y suprime la posibilidad de revocar concesiones a medios, pero mantiene sanciones económicas de entre 500 y 10.000 veces la tasa oficial más alta del Banco Central.¹

Para el oficialismo, el cambio busca dejar atrás la lógica punitiva de 2017 y convertir la norma en una herramienta de “reencuentro nacional y convivencia pacífica”. Antes de una segunda discusión, el texto será sometido a consulta pública.² Jorge Rodríguez defiende esa continuidad con una fórmula política: “No podemos derogar el odio, es verdad, pero podemos juntos y juntas construir una ley de convivencia”. También asegura que el instrumento no será utilizado para perseguir a nadie.³

La oposición ve otra cosa. Amelia Belisario, de Libertad, sostiene que cambiar cárcel por multa es apenas un “maquillaje”: las definiciones seguirían siendo ambiguas y la potestad sancionatoria quedaría en manos del Ministerio de Interior, señalado por denuncias de violaciones de derechos humanos. “Mantiene la arquitectura del miedo”, afirmó.⁴

Las objeciones no se limitan a Libertad. Vamos Vamos Venezuela exige derogar una ley que considera viciada desde su origen, mientras Antonio Ecarri, de Alianza Lápiz, advierte que ninguna multa debe transformarse en censura y reclama que se distinga claramente entre opinión y promoción del odio. Alianza Democrática también pidió respetar la libertad de expresión y liberar a quienes permanecen encarcelados por la aplicación de la norma.

El choque, por tanto, no está en la eliminación de la cárcel, que incluso sectores opositores reconocen como un avance. Está en quién define el “odio”, quién aplica las multas y si la reforma corrige los abusos denunciados o conserva, con otro lenguaje, el mismo poder de intimidación. Según Foro Penal, 927 personas han sido acusadas desde 2017 y más de 600 aún tendrían procesos abiertos.