La muerte de Isabel “Chabela” Jara Noda, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, condensa en una sola historia el drama humano de los terremotos y la batalla política por el relato de la gestión de la crisis. Entre el luto oficial y las cifras frías, se abre una grieta sobre qué se hizo, cuándo y cómo.

Por un lado, el Gobierno de Canarias se esfuerza en proyectar una imagen de control y acompañamiento. Confirma oficialmente “la muerte de su delegada en Venezuela tras los terremotos”¹ y subraya que el edificio donde vivía en La Guaira “había quedado reducido a escombros” tras el doble sismo de magnitud 7,5 y 7,2¹. El mensaje institucional combina condolencias y relato de gestión: Consejo de Gobierno extraordinario en Tenerife, coordinación con Exteriores y con la embajada en Caracas, y datos precisos —cuatro españoles fallecidos y 99 aún sin localizar— como prueba de un monitoreo constante de la emergencia¹.

Los medios críticos, en cambio, ponen el foco en la dimensión humana y en la sensación de orfandad de la diáspora. Subrayan que Jara, “delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela y presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE), es una de las víctimas del doble terremoto”² y recuerdan que “permanecía desaparecida desde el derrumbe del edificio” donde residía². Frente al tono aséptico del balance oficial, rescatan sus propias palabras: “Nuestros valores son la capacidad de lucha, constancia y resistencia ante la adversidad” y “estamos al servicio de la ciudadanía canaria presente en Venezuela con honradez, equidad y tolerancia”².

En este contraste, el Ejecutivo presenta cifras, protocolos y aviones militares; la oposición mediática amplifica la pérdida de una figura muy popular en la “octava isla” canaria y el duelo de “sus cuatro hijos a los que tanto querías”, como escribió una exdiputada cercana a Jara². La pregunta que queda flotando es si la respuesta institucional ha estado a la altura de la épica de servicio que ella misma defendía.