La masacre de El Junquito ha salido de los expedientes venezolanos para sentarse en el banquillo continental: la Corte Interamericana evalúa si el operativo del 15 de enero de 2018 fue combate legítimo o ejecución extrajudicial. En la sala, solo hay una voz: la de las víctimas. El Estado venezolano decidió no presentarse.

Víctimas vs. Estado ausente

Del lado de las familias y ONG, el relato es contundente. Alfredo Romero, director de Foro Penal, presentó el caso como prueba de “ausencia de justicia” y de un patrón de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.¹ Según su exposición, los videos incorporados al expediente mostrarían que Óscar Pérez y los otros seis fallecidos estaban rendidos cuando fueron abatidos, en un operativo que movilizó a más de 500 funcionarios y en el que incluso se habría usado un lanzacohetes para destruir el lugar donde se refugiaban.¹

Los familiares insisten en la tesis de ejecución y en la necesidad de limpiar el nombre de los muertos. En la audiencia, se recordó que los videos difundidos por el propio Pérez lo muestran rindiéndose y, aun así, “los asesinaron”.² La madre de una de las víctimas relató ante la Corte que “su cuerpo estaba destrozado”, símbolo del carácter brutal del operativo.³

Del otro lado, el silencio. Ni defensa, ni explicación, ni contraargumentos: la delegación venezolana simplemente no se acreditó ante la Corte IDH, pese a que el tribunal evalúa su responsabilidad internacional por la llamada “Masacre de El Junquito”.²³

Choque de narrativas

La narrativa oficial previa en Venezuela calificó a Pérez y su grupo de “terroristas”. Los familiares, en cambio, sostienen que actuaron amparados en el artículo 350 de la Constitución, que permite desconocer a un gobierno convertido en dictadura, y reclaman que “se limpie el nombre de ellos”.²

Mientras la justicia interna es acusada de ser “cómplice y encubridora”¹, la Corte IDH se convierte en el nuevo campo de batalla: de un lado, quienes denuncian ejecuciones y torturas; del otro, un Estado que, por ahora, solo se defiende con la ausencia.