La salud de Rolando Guevara, preso político por el caso Danilo Anderson, se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre ONG, familiares y un Estado que, al menos públicamente, guarda silencio. Mientras las alertas hablan de “riesgo crítico”, el gobierno no ofrece versión ni resultados médicos.

Denuncias: del “estado sumamente delicado” a la “pena de muerte indirecta”

Desde el frente opositor y de derechos humanos, el diagnóstico es contundente: Guevara está en “estado sumamente delicado” y sin atención médica efectiva.¹ Su esposa y abogada, Jackeline Sandoval, sostiene que los mareos intermitentes comenzaron en enero y que el Estado se ha negado a brindarle la evaluación especializada que requiere.¹

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) describe un deterioro progresivo de su salud y acusa a las autoridades de haber hecho “oídos sordos” a sus síntomas, responsabilizando al Estado “de la vida y la integridad física de Rolando Guevara”.² La ONG va más lejos y habla de una “pena de muerte indirecta” ejecutada de forma pasiva, al advertir que parecería que se espera “a que su condición sea terminal para brindarle asistencia, o que el desenlace fatal es el objetivo real”.³

Contraste: presión internacional vs. mutismo oficial

Organizaciones y abogados sostienen que, además de la omisión médica, el Estado estaría desacatando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena medidas de protección para Guevara y sus familiares.²³ Mientras Clippve y la defensa piden cumplimiento “inmediato” de esas disposiciones, el gobierno no ha ofrecido parte médico, ni explicación sobre las condiciones de reclusión, ni sobre el acceso a especialistas.

En la práctica, el contraste es brutal: de un lado, familiares y ONG que describen un cuadro clínico grave y un patrón de castigo político; del otro, un Estado que, con su silencio, alimenta la percepción de que la cárcel también funciona como sala de espera para un posible desenlace fatal.