La batalla por el Esequibo ya no se libra solo en mapas y discursos nacionalistas: ahora se cruza en un choque frontal entre fe en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y desafío abierto a su autoridad.

Guyana: la CIJ como triunfo del orden internacional

Desde Georgetown, el mensaje es de confianza total. El primer ministro Mark Phillips dijo que, tras ocho años de procedimientos, “la corte confirmará la validez jurídica del Laudo Arbitral de 1899 y el carácter definitivo y permanente de la frontera internacional entre Guyana y Venezuela” ante la Asamblea Nacional guyanesa.¹ Para su gobierno, el solo hecho de que el caso haya llegado hasta este punto “representa un triunfo para el Estado de derecho y el orden internacional basado en normas”.²

Guyana insiste en que la sentencia de la CIJ será jurídicamente vinculante para ambos países conforme a la Carta de la ONU y al Estatuto de la Corte, y espera un fallo entre noviembre de 2026 y enero de 2027.¹

Caracas oficial: la CIJ no manda aquí

Del otro lado, el gobierno venezolano endurece el tono. En comunicados oficiales, Caracas “rechaza firmemente las declaraciones” de Phillips sobre una eventual decisión de la CIJ, calificando la demanda de Guyana de “unilateral” y presentada “en abierta y clara violación del Acuerdo de Ginebra de 1966 y la legalidad internacional”.³ Reitera que “nunca ha dado su consentimiento” para someter la controversia a la jurisdicción de la Corte y que solo puede resolverse “bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra”.⁴

La Cancillería va más allá: afirma tener “fundadas dudas” sobre el proceso en la CIJ y advierte que no reconocerá “ninguna decisión” sobre la Guayana Esequiba, “cualquiera que ella sea”.⁵

Oposición venezolana: mismo fondo, distinto foco

Los medios críticos al chavismo destacan el mismo comunicado, pero con otro encuadre: subrayan que “el régimen de Delcy Rodríguez” se planta contra un fallo de la CIJ al tiempo que se recuerda que Caracas declaró nulo el laudo de 1899 en 1962 por supuestas irregularidades.⁵ Mientras el gobierno habla de “defensa del Acuerdo de Ginebra”, la oposición pone el acento en el aislamiento jurídico que implica anunciar, por adelantado, que el país no acatará el veredicto.

Entre una Guyana que ve a la CIJ como árbitro definitivo y un gobierno venezolano que la desautoriza de raíz, el Esequibo vuelve a ser tablero de una disputa donde derecho internacional y política interna se mezclan peligrosamente.