La cobertura de ambos bloques coincide en que la cifra actual de beneficiarios de la Ley de Amnistía supera las 8.000 personas, concretamente 8.146 ciudadanos a los que se les ha otorgado libertad plena. Tanto medios opositores como oficialistas detallan que 310 de estos beneficiados estaban privados de libertad y recibieron boletas de excarcelación, mientras que 7.836 tenían medidas cautelares que fueron levantadas. También coinciden en que la comisión encargada de aplicar la Ley ha procesado, en unas cinco semanas, 11.559 solicitudes consideradas válidas y que los expedientes abarcan alrededor de 27 años, con exclusión de delitos graves como homicidio, tráfico de drogas o corrupción.

En el contexto compartido, ambas coberturas señalan que existe una Comisión para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, adscrita a la Asamblea Nacional, que continúa evaluando nuevos casos y que su mandato ha sido prorrogado por 30 días adicionales para seguir tramitando solicitudes. Se reconoce de forma coincidente que la norma se enmarca en una política de convivencia democrática y que busca regularizar la situación jurídica de miles de ciudadanos con procesos penales pendientes. Los dos bloques destacan que el alcance temporal amplio de la Ley responde a la intención de revisar casos acumulados en casi tres décadas y que el mecanismo busca, al menos formalmente, consolidar un nuevo marco de paz política e institucional.

Áreas de desacuerdo

Carácter del beneficio. Medios opositores reconocen la magnitud numérica de los 8.146 beneficiarios pero presentan la medida como una corrección tardía a años de persecución judicial, sugiriendo que se trata más de un desmonte parcial de causas políticas que de un gesto genuino de reconciliación. En cambio, los medios alineados con el Gobierno enmarcan la misma cifra como evidencia de una política de clemencia amplia y generosa, resaltando que la libertad plena se concede como un acto de buena voluntad y compromiso con la paz social.

Responsabilidad y origen de los casos. La prensa opositora enfatiza que muchos de los beneficiados habrían sido víctimas de criminalización de la disidencia y del uso del sistema penal para controlar la protesta, insinuando responsabilidad directa del Estado en la situación que ahora se intenta corregir. Los medios oficialistas evitan hablar de persecución y describen los casos como parte de conflictos políticos y sociales complejos, sin atribución de culpa institucional, subrayando más bien la disposición del Gobierno a «pasar la página».

Alcance real de la justicia. Desde el enfoque opositor se pone en duda que la exclusión de delitos graves sea suficiente garantía de justicia, argumentando que muchos expedientes por razones políticas han sido tipificados formalmente como delitos comunes y podrían quedar fuera del beneficio o ser administrados de forma discrecional. Los medios cercanos al Gobierno recalcan que la exclusión de delitos graves prueba que la Ley no propicia impunidad y que el proceso está guiado por criterios técnicos y jurídicos, defendiendo la seriedad de la comisión y la revisión caso por caso.

Proyección política y futura. Para medios de oposición, la Ley y sus más de 8.000 beneficiarios se interpretan como una maniobra política en un contexto de presión interna y externa, con efectos limitados mientras no haya reformas estructurales en el Poder Judicial y garantías de no repetición. En contraste, los medios oficialistas presentan la misma política como un hito en la construcción de convivencia democrática, sugiriendo que sienta las bases para un diálogo más estable y para la normalización de la vida política, sin poner en cuestión el diseño actual de las instituciones.

In summary, Opposition coverage tends to presentar la cifra de más de 8.000 beneficiarios como la corrección parcial de injusticias previas y como un gesto insuficiente en ausencia de cambios estructurales, while Government-aligned coverage tends to destacar el volumen de amnistías como prueba de voluntad de reconciliación, insistiendo en el carácter generoso, ordenado y jurídicamente responsable del proceso.