En febrero de 2026, tanto fuentes opositoras como los pocos voceros económicos cercanos al gobierno coinciden en que la canasta alimentaria familiar en Venezuela se ubicó alrededor de 645,6 dólares para una familia de cinco personas, según las mediciones de Cendas-FVM. Se resalta que el salario mínimo de 130 bolívares solo cubre aproximadamente el 0,05 % del costo de esa canasta, lo que implica que serían necesarios cerca de 1.937 salarios mínimos para financiarla, y se reconoce que los rubros con mayores incrementos fueron salsas y mayonesa, además de pescados y mariscos, en un contexto donde febrero mostró una disminución leve en dólares frente a enero pero un alza de 12,7 % en bolívares.

En el contexto compartido, ambas lecturas reconocen a Cendas-FVM como una referencia técnica para estimar el costo de la canasta alimentaria y admiten que la inflación en los dos primeros meses de 2026 ronda el 51,9 %, lo que evidencia un entorno de alta inflación. También hay coincidencia en que la dolarización de facto de precios convive con salarios e ingresos oficiales fijados en bolívares, y en que la brecha entre el costo de la canasta y el salario mínimo refleja una crisis estructural del poder adquisitivo que no se resuelve con ajustes marginales ni con la sola estabilización parcial del tipo de cambio.

Áreas de desacuerdo

Responsabilidad y causas. Medios de línea opositora atribuyen el encarecimiento de la canasta y el desplome del poder adquisitivo principalmente a las políticas económicas del gobierno, subrayando controles, emisión monetaria e improvisación como responsables de la inflación y la depreciación del bolívar. Los relatos cercanos al oficialismo, en cambio, tienden a enfatizar las sanciones internacionales, el bloqueo financiero y la “guerra económica” como los factores centrales que distorsionan precios y dificultan la recuperación de los salarios reales.

Evaluación del salario mínimo y políticas oficiales. La cobertura opositora describe el salario mínimo congelado en 130 bolívares como simbólico e insuficiente, y critica la ausencia de aumentos formales y de una política de ingresos que se corresponda con el costo real de la vida. Los mensajes gubernamentales o afines resaltan más los bonos, transferencias del sistema Patria y otros complementos como parte del ingreso integral, restando protagonismo a la cifra del salario mínimo y presentando estas ayudas como mitigantes del impacto de la canasta.

Caracterización de la situación social. Los medios opositores enmarcan la brecha entre salario y canasta alimentaria como una emergencia humanitaria prolongada, destacando que la mayoría de los hogares no puede cubrir necesidades básicas y recurriendo a testimonios y cifras para mostrar un deterioro sostenido. En contraste, voceros y medios alineados con el gobierno suelen presentar un relato de “resistencia” y recuperación gradual, hablando de mejor abastecimiento, estabilidad relativa de ciertos precios en dólares y avances frente a años anteriores, minimizando la narrativa de colapso social.

Credibilidad de las cifras y del Cendas-FVM. La prensa crítica al gobierno otorga a Cendas-FVM alta credibilidad técnica y utiliza sus datos como referencia principal para ilustrar la magnitud de la crisis de ingresos. Sectores comunicacionales oficialistas, cuando mencionan o aluden a estas cifras, suelen relativizarlas, acusando a Cendas de tener sesgo opositor, o bien contraponen indicadores oficiales y lecturas propias para sostener que, aunque la canasta sea alta, la realidad cotidiana y el consumo visible no serían tan dramáticos como plantean las cifras independientes.

In summary, Opposition coverage tends to usar las cifras de la canasta y del salario mínimo para subrayar un cuadro de crisis aguda y responsabilizar sobre todo al gobierno por el deterioro del poder adquisitivo, while Government-aligned coverage tends to desplazar el foco hacia las sanciones, resaltar bonos y logros parciales, y relativizar la gravedad o la interpretación de los datos de costo de vida.