Delcy Rodríguez, en su rol de presidenta encargada o vicepresidenta según distintos medios, sostuvo en el Palacio de Miraflores una reunión con altos directivos de Shell y representantes de Pdvsa para evaluar proyectos gasíferos en Venezuela. Ambos bloques de medios coinciden en que el foco del encuentro fue revisar oportunidades de inversión, desarrollo y explotación de yacimientos de gas —incluyendo campos costa afuera y proyectos como Dragón— y enmarcar estos planes en la cooperación energética entre el Estado venezolano y la petrolera británica.

Tanto medios opositores como oficialistas señalan que la cita ocurre en un contexto de “apertura” del sector hidrocarburos a capital privado y extranjero, impulsada por reformas legales recientes y por el interés de atraer multinacionales tras años de caída productiva. Hay coincidencia en que Venezuela busca capitalizar sus grandes reservas probadas de petróleo y gas, reactivar pozos y concretar alianzas estratégicas con empresas como Shell para avanzar en una agenda de cooperación gasífera y potenciar el rol del país como actor energético relevante a escala internacional.

Áreas de desacuerdo

Significado político de la reunión. Medios opositores presentan el encuentro como un movimiento pragmático y condicionado por la crisis económica y las sanciones, subrayando que el gobierno busca desesperadamente inversión externa para compensar la pérdida de ingresos petroleros. Los medios alineados con el gobierno, en cambio, describen la reunión como confirmación de liderazgo y capacidad de iniciativa de Rodríguez y del Estado venezolano, enfatizando la narrativa de soberanía y “potencia energética mundial”. Mientras la oposición matiza el simbolismo y lo vincula a debilidad estructural, el oficialismo lo convierte en prueba de fortaleza y reconocimiento internacional.

Marco de sanciones e incentivos. La cobertura opositora menciona explícitamente las sanciones estadounidenses, la revocación y posterior restitución de licencias de la OFAC y la falta actual de activos de Shell en el país, resaltando que estos factores condicionan la viabilidad real de los proyectos. La prensa oficialista prácticamente omite o minimiza el papel de las sanciones, y pone el acento en la voluntad del gobierno de abrir “nuevos esquemas de inversión” como si se tratara de una elección soberana y no una reacción a presiones externas. Así, mientras la oposición enmarca la reunión como parte de una negociación en un entorno regulatorio hostil, el gobierno la presenta como una expansión natural de oportunidades.

Reforma legal y rol del sector privado. Los medios opositores destacan la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la apertura explícita al capital privado y extranjero, sugiriendo que se trata de un giro respecto al modelo estatista tradicional y, en algunos casos, insinuando concesiones opacas. Las fuentes oficialistas, por su parte, hablan de “apertura” e “alianzas estratégicas” sin detallar cambios legales ni límites a la participación privada, reforzando la idea de control estatal y omitiendo posibles riesgos de dependencia o pérdida de soberanía económica. Para la oposición, la normativa es un punto crítico que puede implicar privatización parcial de facto; para el oficialismo, es un simple instrumento técnico para potenciar la inversión.

Diagnóstico del sector energético. En la cobertura opositora se sugiere que la necesidad de Shell y de otros socios extranjeros responde al deterioro de Pdvsa, la caída de la producción y la falta de capacidades financieras y tecnológicas internas, aunque esto se presente de forma más analítica que abiertamente acusatoria. Los medios afines al gobierno evitan cualquier mención a crisis o mala gestión y se concentran en el “potencial” de las mayores reservas de crudo y las grandes reservas de gas, con énfasis en la reactivación y expansión, no en las causas del estancamiento previo. Así, la oposición ve estas alianzas como una salida a un colapso preexistente, mientras el oficialismo las enmarca como el siguiente paso lógico de un proyecto exitoso de “impulso energético”.

In summary, Opposition coverage tends to subrayar los condicionantes externos, las sanciones, el deterioro previo del sector y los riesgos y opacidades de la apertura a Shell, while Government-aligned coverage tends to presentar la reunión como muestra de fortaleza soberana, enfatizar el potencial de Venezuela y omitir tanto las sanciones como los problemas estructurales del modelo energético.