Una réplica de magnitud 5,5 vuelve a sacudir el norte de Venezuela mientras el país aún cuenta muertos y recoge escombros. El suelo tiembla y, con él, la confianza en un Estado que insiste en tener el control frente a una ciudadanía que solo ve caos y miedo.

Por un lado, los reportes sísmicos dibujan una escena técnicamente “bajo observación”: la réplica se registró frente a la costa central, en el mar Caribe, alrededor de las 2:20-3:20 p. m., según boletines preliminares del Servicio Geológico Colombiano, que advierten que los parámetros aún pueden cambiar.¹ La secuencia forma parte del “doblete sísmico” del 24 de junio, con terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que mantienen a las autoridades “en alerta máxima”.²

Pero lo que los sismógrafos describen con decimales, la calle lo traduce en puro pavor. En Altamira, en el este de Caracas, el temblor se vivió como “segundos de terror”, con estructuras balanceándose y el edificio Don Manuel entre los más afectados.³ Vecinos salieron “a medio vestir y descalzos” en una evacuación masiva e improvisada, mientras las autoridades civiles apenas coordinaban el desalojo sobre la marcha.³

El contraste se afila con las cifras oficiales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, elevó el saldo del doblete sísmico a 1.430 fallecidos, 3.238 heridos y más de 5.000 personas atendidas en hospitales, además de 3.142 familias en refugios estatales.² Para el gobierno, son números que prueban despliegue y respuesta; para la oposición y los medios críticos, son la evidencia de una tragedia mal gestionada, donde cada nueva réplica —“Fuerte réplica de magnitud 5,5 sacudió el norte de Venezuela este #27Jun”¹— desnuda más la fragilidad del sistema.

En resumen: la versión oficial habla de gestión y control; la realidad en los barrios y urbanizaciones se parece mucho más a un país que reacciona tarde, improvisa, y espera con el corazón en la mano el próximo sacudón.