Storia
giugno 30, 2026
Exfiscalía cita al expresidente Álvaro Uribe por presuntos nexos con paramilitares
La Fiscalía General de Colombia citó al expresidente Álvaro Uribe a una indagatoria formal el 24 de julio por su presunta responsabilidad en la conformación de bloques paramilitares en Antioquia durante su gobernación (1995-1997). La investigación abarca delitos como concierto para delinquir, homicidios y su presunta implicación en masacres.
La historia política de Colombia vuelve al banquillo: Álvaro Uribe, figura central del uribismo y dos veces presidente, deberá responder ante la Fiscalía por su presunto rol en el origen y accionar de estructuras paramilitares en Antioquia. La fecha está puesta: 24 de julio, pero el relato sobre lo que significa esta citación está profundamente partido.
Lo que resaltan los alineados con el gobierno
Desde la orilla cercana al actual gobierno, la clave es el peso histórico del caso y la continuidad de una “saga” judicial en la familia Uribe. Se subraya que la Fiscalía investiga al expresidente por nexos paramilitares y por haber presuntamente facilitado la conformación y operaciones de un grupo armado ilegal que habría usado como base la hacienda Guacharacas, de su familia, entre 1995 y 1997, cuando era gobernador de Antioquia.1
En esta narrativa, la indagatoria no es un episodio aislado: se conecta con las masacres de El Aro y La Granja, con homicidios y desplazamientos forzados, y con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.1 El telón de fondo es aún más contundente: la reciente condena a 28 años de prisión contra su hermano Santiago Uribe por concierto para delinquir y homicidio como integrante de un grupo paramilitar.1
Lo que enfatiza la oposición a Petro
En medios más cercanos a la oposición, el foco se desplaza hacia el carácter “político” del proceso y la voz del propio Uribe. Se destaca que el expresidente comparecerá ante la Fiscalía por las masacres de La Granja y El Aro y por la conformación de un grupo paramilitar en San Roque, pero también que él mismo calificó la citación como “un atropello” y se quejó de que la Fiscalía lo cite “sin practicar las pruebas que ella decretó”.2
Estas fuentes precisan fechas, lugares y números de víctimas —La Granja en 1996, El Aro en 1997—, así como la acusación de que un helicóptero de la Gobernación habría sobrevolado la zona mientras ocurría la matanza, cuando Uribe era gobernador.2 El énfasis está en la presunción de inocencia y en presentar la imputación como parte de una larga batalla judicial y política contra el uribismo.
Coincidencias y la verdadera pelea
Ambas orillas coinciden en los hechos básicos: indagatoria el 24 de julio, investigación por masacres paramilitares y por el asesinato de Valle Jaramillo.12 Lo que cambia es el encuadre: para unos, es por fin la posibilidad de aclarar el rol de una élite política en el paramilitarismo; para otros, un capítulo más de persecución política contra el expresidente que moldeó la derecha colombiana. El juicio que viene no será solo jurídico: será un referendo simbólico sobre el legado de Uribe en el corazón mismo del conflicto armado colombiano.