Storia
giugno 30, 2026
Venezuela y General Electric firman memorando para recuperar el sistema eléctrico
El gobierno de Venezuela, a través de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y Corpoelec, firmó un memorando de entendimiento con la multinacional General Electric (GE Vernova). El acuerdo tiene como objetivo recuperar la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional, con metas de 1.000 megavatios en 24 meses y más de 5.000 megavatios en cuatro años.
Venezuela promete luz con sello GE mientras carga una década de apagones a cuestas. Entre el discurso de “paso histórico” y la memoria de neveras dañadas, el memorando con General Electric Vernova llega como salvavidas… o como parche de última hora.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez vende el acuerdo como un giro de página. Habla de “recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total en los cuatro años más de 5.000 MW, necesarios para la vida nacional”1, y califica el memorando como “un paso histórico… para dar recuperación a un servicio tan esencial como el servicio eléctrico”2. La alianza con GE se inserta en un plan más amplio: modernizar el Sistema Eléctrico Nacional, renovar tecnología y atraer inversiones, con la vista puesta también en Tocoma y el Bajo Caroní3.
Desde medios afines, el relato es de épica técnica: un “diagnóstico profundo” de mes y medio sobre la red4, GE como empresa que genera “el 25 % de la energía a escala mundial”4 y un mensaje de “palabras de esperanza para el pueblo venezolano” que permitirían avanzar “a paso firme y sin descanso” en la recuperación del SEN5.
La prensa crítica, en cambio, subraya el contexto incómodo: el chavismo firma con General Electric “en medio de la grave crisis energética” que él mismo provocó6. Medios como El Nacional y Efecto Cocuyo destacan el componente político y diplomático: la presencia del encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y el intento de usar la experiencia de GE para estabilizar un sistema “golpeado” que requiere urgentes mantenimientos mayores78.
En lo técnico, ambos bandos coinciden: la meta es la misma —1.000 MW en 24 meses, más de 5.000 MW en cuatro años—78. La diferencia está en el relato. Para el oficialismo, el acuerdo es prueba de apertura y eficiencia tardía. Para la oposición, es el reconocimiento de un fracaso monumental que ahora necesita sello corporativo estadounidense para intentar encender de nuevo el interruptor nacional.