Dos generales de la Séptima Brigada colombiana y 25 militares más acaban de admitir su responsabilidad en uno de los capítulos más oscuros del conflicto: los “falsos positivos”. Pero mientras para unos es un paso histórico hacia la verdad, para otros sigue oliendo a justicia a medias.

Lo que admiten los militares

Ambos relatos coinciden en el núcleo duro: 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas, presentados como bajas en combate en el Meta entre 2002 y 2007, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad ante la JEP.¹² Por primera vez, brigadieres generales retirados aceptan, de cara al país, que no se trató de “errores aislados” sino de una política de resultados: órdenes y presiones para cumplir cuotas de muertes.

Los artículos destacan que Carlos Ovidio Saavedra Sáenz admitió presionar a sus subordinados para inflar las estadísticas de bajas y que incluso usó un lenguaje que inducía a colaborar con grupos paramilitares para lograr “resultados operacionales”.¹² Francisco José Ardila Uribe, por su parte, reconoce que incumplió sus deberes de mando y control y señala directamente al sistema de incentivos de la institución como combustible de la maquinaria criminal.¹²

Coincidencias incómodas

Ambas fuentes subrayan el mismo dato demoledor: las víctimas no eran combatientes, sino civiles, incluidos diez menores de edad, estigmatizados y ejecutados para después ser maquillados como guerrilleros caídos.¹²

También coinciden en el carácter inédito del momento: nunca antes generales de ese rango habían reconocido públicamente “órdenes superiores orientadas al cumplimiento de cuotas de bajas”.²

¿Justicia o control de daños?

La narrativa opositora presenta estas admisiones como prueba de una política sistemática y no de “manzanas podridas”, enfatizando la responsabilidad de la cúpula y del diseño institucional que premiaba muertos por resultados.¹² Pero la gran batalla que se abre ahora no es solo sobre lo que ocurrió, sino sobre hasta dónde llegará la cadena de mando y si este mea culpa será el inicio de una depuración real o el cierre controlado de una herida que el país aún no se atreve a mirar de frente.