La Asamblea Nacional venezolana quiere convertir al cacao en la nueva estrella de la economía… pero lo hace con una sola voz en la sala: la oficialista. El país avanza hacia su primera gran Ley del Cacao sin contrapunto visible de productores independientes ni oposición parlamentaria.

Lo que promete la ley

Los medios alineados con el Gobierno venden la norma como un parteaguas histórico: el “primer proyecto de ley sobre el cacao de Venezuela” busca preservar “las genéticas del cacao criollo ancestral” y reconocer su valor comercial y de exportación.¹ La narrativa es clara: rescate de un patrimonio y salto estratégico hacia los mercados internacionales.

En esa línea, se resalta que la AN aprobó 18 artículos que establecen políticas para la conservación del germoplasma, la selección de materiales genéticos y la protección de la calidad original del cacao venezolano, bajo un enfoque agroecológico y con participación comunitaria.²

La visión económica y social oficialista

Desde la óptica gubernamental, el cacao no es solo un cultivo, sino un “rubro de interés fundamental para el desarrollo del país”, tanto por su peso agroalimentario como por su rol cultural y ambiental.³ La ley apunta a toda la cadena: producción, transformación, industrialización, comercialización y exportación.³

Medios progobierno subrayan además que la norma quiere “fomentar el desarrollo sostenible” con criterios agroecológicos y valor agregado nacional, incorporando mecanismos para que la distribución del ingreso sea “más equitativa y equilibrada” y siente “condiciones de justicia social para el sector”.⁴

Lo que falta en el debate

El contraste no está entre versiones opuestas de la ley, sino entre un discurso oficial pulido y la ausencia de voces críticas en la cobertura. No asoman dudas sobre financiamiento, burocracia, ni sobre cómo se ejecutará esa justicia social prometida. En el papel, Venezuela se encamina a blindar su cacao; en el terreno, queda por ver quién realmente probará el chocolate.