La CPI se queda sin fiscal jefe en uno de sus momentos más delicados, y el vacío no solo es jurídico: es político. La caída provisional de Karim Khan reordena el tablero donde gobiernos y oposiciones ya ven, en la misma decisión, cosas muy distintas.

Mismo hecho, relatos opuestos

Los medios alineados con el gobierno destacan el carácter “histórico” pero administrativo de la medida: una suspensión preventiva dictada por la Mesa de la Asamblea de Estados Parte, que remite el caso a los 125 miembros como parte de un procedimiento disciplinario previsto en la propia Corte.¹ Subrayan que se trata de “una medida precautoria” para garantizar transparencia y debido proceso y que “no implica un juicio previo” sobre el resultado final.²

La narrativa opositora, en cambio, enfatiza el terremoto institucional y el golpe personal a Khan. Resalta que la decisión, “sin precedentes en la institución”, llega tras casi dos años de acusaciones por “relaciones sexuales no consentidas” y supone “un duro revés para el fiscal británico”.³ Se recuerda que la crisis arrancó en 2024, cuando una abogada bajo su supervisión denunció conductas sexuales no consentidas, y que la ONU habría hallado indicios que respaldan las acusaciones, según filtraciones.⁴

¿Garantía de imparcialidad o tormenta política?

Mientras la prensa gubernamental insiste en que la aplicación de la Regla 28 “salvaguarda la integridad de las investigaciones” y reafirma el compromiso con estándares éticos internos,² los medios opositores ponen el foco en el contexto: Khan es el mismo fiscal que impulsó solicitudes de arresto de alto perfil y que ahora denuncia intentos de desacreditar su gestión.⁵

En un punto coinciden casi todos: el procedimiento es opaco —los informes de la ONU y del panel independiente siguen confidenciales— y la Asamblea de los 125 Estados cargará con una decisión que puede redefinir la credibilidad de la Corte, tanto para los gobiernos que la cuestionan como para las víctimas que aún esperan justicia.