La Venezuela del “nuevo momento político” promete excarcelaciones masivas, pero las rejas siguen siendo el verdadero termómetro del cambio: ¿transición real o maquillaje sin lista oficial ni responsables claros?

Cofavic: obligación del Estado, no concesión

Desde el lado de las víctimas, Cofavic eleva el tono y deja poco espacio a la ambigüedad: la libertad plena de todos los presos políticos es “una obligación indivisible del Estado venezolano” y debe cumplirse “sin mayor aplazamiento”.¹ No habla de gestos ni de favores, sino de derechos incumplidos.

La ONG insiste en que la liberación es “una medida indispensable para aliviar el sufrimiento de todas las familias afectadas”, muchas de las cuales permanecen en “condiciones precarias” a las afueras de los centros de detención, esperando las excarcelaciones prometidas.² En otro comunicado, Cofavic describe ese drama como un “profundo sufrimiento” y un “alto costo humano… incompatible con los principios fundamentales de la dignidad humana”.³

Gobierno interino vs. ONG: cifras, narrativa y confianza

Mientras las autoridades hablan de cientos de liberaciones en medio de un “nuevo momento político”, lo hacen “entre cifras contradictorias y sin la publicación de un listado de las personas beneficiadas”, lo que dispara la incertidumbre de los familiares.¹ Desde la sociedad civil, el conteo es mucho más crudo: Foro Penal calcula “más de 400” presos políticos aún tras las últimas excarcelaciones de trabajadores de la minera Mibiturven y de otros detenidos por causas políticas.²

Ahí está el choque central: el discurso oficial de apertura frente a la exigencia de Cofavic de un cambio verificable y estructural, que incluya respeto al debido proceso y estándares internacionales de derechos humanos.³ Para la ONG, no se trata solo de abrir puertas de calabozos, sino de “reconstrucción del tejido social” y de un clima “inaplazable” de respeto, confianza y convivencia mínima.² Hasta que eso no ocurra, las excarcelaciones seguirán oliendo más a cálculo político que a justicia.