La muerte de Alberto Rafael Solarte Cabrera en la antigua cárcel de El Marite no solo engrosa una estadística macabra: expone, de nuevo, el choque entre lo que promete el Estado venezolano y lo que realmente ocurre tras las rejas.

OVP vs. la versión oficial ausente

Del lado de la sociedad civil, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) habla sin rodeos: “Muerte de recluso en El Marite eleva a 19 los fallecimientos en cárceles venezolanas desde abril”.¹ La organización contabiliza 19 fallecidos bajo custodia estatal desde abril de 2026, en recintos que van desde Fénix Lara y Tocuyito hasta Rodeo III, Rodeo IV y Yare III.²

Según el OVP, no se trata de hechos aislados sino de una “grave crisis sanitaria” en el sistema penitenciario, marcada por diagnósticos tardíos, falta de medicamentos y traslados hospitalarios que nunca llegan.³ El caso de Solarte, muerto en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Doctor Francisco Delgado”, es presentado como el último eslabón de una cadena de muertes evitables.¹

Derechos en el papel, violaciones en la práctica

Los reportes coinciden en que el Estado viola sus propias normas: el OVP recuerda que las Reglas Mandela obligan a garantizar atención médica rápida en casos urgentes y que el artículo 83 de la Constitución consagra la salud como “un derecho social fundamental y una obligación del Estado”.² Sin embargo, las cárceles “siguen acumulando presos enfermos, tratamientos interrumpidos [...] y muertes que pudieron evitarse”, advierte la ONG.²

Silencio oficial, presión creciente

Mientras el OVP exige investigación inmediata y medidas urgentes,³ del lado gubernamental reina el silencio: no hay parte oficial, no hay explicación pública, no hay asunción de responsabilidades. La brecha es clara: de un lado, organizaciones que documentan cuerpos y nombres; del otro, un Estado que en el papel se compromete a proteger la vida de los reclusos y en la práctica los deja morir.