Las coberturas coinciden en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió extender en una hora el horario de votación en todo el país, pasando el cierre de las mesas a las 18:00 horas locales. Ambos bloques informan que la medida respondió a retrasos en la apertura de algunos centros de votación por falta de materiales electorales, así como por problemas de conexión a internet y suministro eléctrico. Se menciona que los comicios son elecciones generales para el periodo 2026-2031 y que la medida busca compensar las demoras iniciales y asegurar que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho al voto.

Tanto medios opositores como afines al gobierno subrayan el rol de la ONPE como autoridad técnica encargada de organizar los comicios y gestionar las contingencias logísticas. Reconocen que, a nivel nacional, la instalación de mesas fue mayoritariamente exitosa, con un porcentaje muy alto de mesas habilitadas, y que la afectación directa se concentró en un conjunto reducido de locales de votación, especialmente en Lima. También coinciden en que se trata de un problema vinculado a la cadena de distribución de materiales y a fallas de infraestructura, más que a un conflicto abierto entre actores políticos, y que la respuesta institucional incluyó tanto la ampliación del horario como disposiciones para no perjudicar a quienes no pudieron votar por causas ajenas a su voluntad.

Áreas de desacuerdo

Responsabilidad y culpa. Los medios de oposición enfatizan que la ONPE atribuyó las demoras a un incumplimiento de contrato por parte de la empresa distribuidora, subrayando fallas de gestión y supervisión del Estado y dejando entrever negligencia en la planificación. Los medios alineados con el gobierno, en cambio, diluyen la mención a actores privados concretos y presentan los problemas como contingencias logísticas propias de un operativo complejo, sin cargar las tintas sobre la responsabilidad de las autoridades.

Gravedad de las fallas. La prensa opositora resalta el número de electores afectados, citando directamente que unos 63.300 ciudadanos no pudieron votar a tiempo y que quince locales en Lima no recibieron material, lo que presenta las fallas como un dato central de la jornada. Los medios progobierno insisten más en que solo una fracción muy pequeña de centros tuvo problemas, enmarcando el episodio como una incidencia acotada dentro de un proceso en general exitoso y sin profundizar en cifras de afectados.

Enfoque narrativo de la extensión del horario. Para los medios opositores, la extensión de la jornada es presentada como una reacción obligada ante errores previos de organización y un parche a deficiencias estructurales en la logística electoral. Los medios alineados con el gobierno describen la misma decisión como una prueba de flexibilidad y compromiso democrático de las autoridades, destacando el esfuerzo por garantizar el voto de más de 27,3 millones de ciudadanos y minimizando el tono de crítica.

Evaluación del desempeño institucional. Los opositores reconocen el alto porcentaje de mesas instaladas pero lo contrastan con los retrasos en grandes centros, usando la frase "alta instalación, pero miles sin votar" para cuestionar la eficacia real de la ONPE y la gestión gubernamental del proceso. Los medios progobierno resaltan precisamente esa alta tasa de instalación como indicador clave de éxito, presentan la jornada como mayormente normal y ordenada, y sostienen que las medidas correctivas demostraron capacidad de respuesta institucional más que una falla sistémica.

In summary, Opposition coverage tends to subrayar las fallas logísticas, cuantificar a los afectados y asociar la extensión del horario a deficiencias de gestión estatal y contractual, while Government-aligned coverage tends to enmarcar las incidencias como limitadas, destacar la alta instalación de mesas y presentar la ampliación de la votación como un gesto eficaz para proteger el derecho al sufragio.