Vente Venezuela y otras voces opositoras coinciden en que han pasado más de 90 días desde que Nicolás Maduro quedó imposibilitado de ejercer la Presidencia según las propias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, lo que activa plazos y procedimientos previstos en la Constitución venezolana. Los materiales consultados señalan que el TSJ habló de una ausencia forzosa de Maduro y permitió que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina, mientras dejó en manos de la Asamblea Nacional la calificación definitiva de la falta como temporal o absoluta, sin que el Parlamento haya tomado una decisión formal. También se coincide en que el partido de María Corina Machado exige a la Asamblea que declare la falta absoluta del jefe de Estado y que, de acuerdo con su lectura del texto constitucional, ello obligaría a convocar elecciones presidenciales en un plazo aproximado de 30 días, tras haberse superado ya el umbral de 90 días de ausencia.

Los distintos actores y análisis legales descritos en la cobertura subrayan un marco institucional en el que la Constitución fija reglas sobre ausencia temporal y falta absoluta, asignando al TSJ y a la Asamblea Nacional roles diferenciados en la calificación y en la activación de mecanismos de sucesión y convocatoria electoral. Se menciona que el TSJ ya intervino al reconocer una ausencia forzosa y al avalar provisionalmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, pero que la definición sobre si la falta es temporal o absoluta recae en la Asamblea, cuyas decisiones son determinantes para activar el llamado a elecciones. En este contexto se enmarca el reclamo de ONG como Acceso a la Justicia, que inscriben la controversia en una problemática más amplia de seguridad jurídica, respeto a la separación de poderes y garantía de derechos políticos, incluida la posibilidad de que la ciudadanía pueda elegir a un nuevo presidente en los plazos ordinarios previstos por la Carta Magna.

Áreas de desacuerdo

Legitimidad del mandato presidencial. Medios y vocerías de oposición sostienen que Nicolás Maduro ejerce o ejercía el cargo de forma ilegítima, al calificar su elección previa como producto de un fraude y vincular la actual ausencia a una continuidad inconstitucional del poder. Por el contrario, la línea de los medios y discursos oficialistas suele presentar a Maduro como presidente legítimamente electo y víctima de ataques externos e internos, por lo que tiende a enmarcar cualquier interrupción o limitación de su mandato como una excepcionalidad a superar, no como motivo para abrir un nuevo ciclo electoral.

Interpretación de la Constitución. Desde la óptica opositora, los artículos sobre falta temporal y absoluta son claros y ya se habría cumplido el lapso que obliga a convocar nuevas elecciones, de modo que el TSJ y la Asamblea estarían evadiendo un mandato expreso de la Carta Magna. En cambio, las narrativas cercanas al gobierno suelen defender interpretaciones flexibles y teleológicas de la Constitución, alegando que la prioridad es la estabilidad institucional y que las figuras de ausencia forzosa, encargaduría y suplencias permiten sostener la continuidad del poder ejecutivo sin precipitar comicios.

Rol de la Asamblea Nacional y el TSJ. La cobertura opositora acusa a la Asamblea y al TSJ de actuar como brazos políticos del Ejecutivo, al no calificar la falta de Maduro en los plazos debidos y al habilitar a Delcy Rodríguez con argumentos jurídicos que consideran inventados o sin base constitucional. Por su parte, los medios alineados con el gobierno suelen presentar a estas instituciones como garantes del orden constitucional, resaltando sus decisiones como necesarias para evitar un vacío de poder y minimizar la idea de que exista una obligación inmediata de convocar elecciones.

Escenario electoral y derechos políticos. La oposición pone el acento en que la no declaración de la falta absoluta bloquea el ejercicio del derecho al sufragio y retrasa una salida electoral a la crisis, y enmarca sus demandas en la necesidad de restablecer la competitividad y transparencia de eventuales comicios. En contraste, el discurso oficialista suele advertir que insistir en elecciones inmediatas responde a una agenda de desestabilización, y prefiere enfatizar la defensa de la paz, la continuidad administrativa y la lucha contra supuestas injerencias extranjeras antes que abrir un calendario electoral abreviado.

In summary, Opposition coverage tends to presentar la situación como una violación abierta de la Constitución que exige declarar de inmediato la falta absoluta de Maduro y convocar elecciones para restaurar la legitimidad democrática, while Government-aligned coverage tends to enmarcar cualquier discusión sobre ausencia y comicios en la lógica de la estabilidad, la continuidad institucional y la defensa del mandato presidencial existente.