El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un nuevo decreto que ratifica el aumento del salario mínimo legal vigente en un 23,7%, fijándolo en alrededor de 2 millones de pesos mensuales incluyendo el subsidio de transporte. Tanto medios opositores como alineados con el Gobierno coinciden en que este nuevo decreto surge tras la suspensión previa de la medida por parte del Consejo de Estado, y que el Ejecutivo decidió mantener el mismo porcentaje de incremento originalmente definido para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. Se reporta de forma convergente que la decisión fue anunciada y firmada por Petro el jueves, y que el ajuste se enmarca en la política de mejoramiento del ingreso de los trabajadores formales de menores salarios.

Los dos bloques mediáticos reconocen que el aumento es presentado oficialmente como un intento de compensar la pérdida de poder de compra causada por la inflación y de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, en el contexto de una economía con presiones de precios y debates sobre empleo. También admiten que el Consejo de Estado intervino por razones jurídicas y procedimentales relacionadas con el decreto anterior, obligando al Gobierno a emitir uno nuevo sin modificar la cifra del incremento. Ambos lados señalan que la fijación del salario mínimo se da en un entorno institucional en el que participan Gobierno, empresarios y sindicatos, aunque este año no hubo acuerdo tripartito y la decisión recayó en el Ejecutivo, que invoca criterios técnicos y económicos para justificar el porcentaje escogido.

Áreas de desacuerdo

Legitimidad institucional y jurídica. Medios opositores tienden a enfatizar que la suspensión del decreto anterior por el Consejo de Estado evidencia errores jurídicos, improvisación y un uso forzado de las competencias del Ejecutivo en la fijación del salario mínimo. Los medios alineados con el Gobierno subrayan, en cambio, que la firma del nuevo decreto demuestra respeto por las instituciones y corrección del procedimiento, presentando la decisión como un ajuste formal sin cambios de fondo en la política salarial.

Impacto económico y laboral. La prensa opositora suele advertir que un aumento del 23,7% podría afectar la generación de empleo formal, elevar los costos para las pequeñas y medianas empresas y presionar la inflación, enmarcando el decreto como una medida más política que técnica. Los medios cercanos al Gobierno resaltan que el incremento es necesario para recuperar el ingreso real de los trabajadores y que se apoya en análisis técnicos, minimizando el riesgo de destrucción de empleo y mostrando el ajuste como compatible con la estabilidad macroeconómica.

Motivaciones políticas y narrativa pública. Fuentes opositoras caracterizan la firma del nuevo decreto como un gesto populista, dirigido a consolidar la base política de Petro y a desviar la atención de problemas de gobernabilidad y desaceleración económica. Los medios alineados con el Gobierno la presentan, por el contrario, como una coherencia con el programa de «gobierno del cambio», destacando el compromiso con la justicia social y la reducción de la desigualdad, y restando peso a la lectura electoral de la medida.

Relación con empresarios y sindicatos. La cobertura opositora suele remarcar la falta de acuerdo en la mesa de concertación, sugiriendo que el Gobierno ignoró las preocupaciones del sector empresarial y tomó una decisión unilateral que tensiona aún más las relaciones con el sector privado. Los medios oficialistas, por su parte, insisten en que el incremento responde a demandas históricas de los trabajadores y sindicatos, y que, aunque no hubo consenso, el Gobierno cumplió con escuchar a todas las partes antes de decidir en favor de los sectores más vulnerables.

In summary, Opposition coverage tends to presentar el nuevo decreto como jurídicamente problemático, económicamente riesgoso y políticamente oportunista, while Government-aligned coverage tends to enmarcarlo como una corrección institucional responsable y una medida técnica y socialmente justa para proteger el ingreso de los trabajadores.