Criminalidad y democracia: la encrucijada latinoamericana
El dramático asalto y toma de rehenes de un canal de televisión en Guayaquil en 2024, el asesinato de candidatos a la presidencia en Colombia y Ecuador, así como motines carcelarios, y escaladas de violencia homicida son algunas de las expresiones más públicas del impacto de la criminalidad en América Latina. Pero junto a esas manifestaciones que reciben amplia cobertura mediática, el crimen organizado, y diversas formas de ilegalidad, están transformando, también de manera soterrada, la vida social, económica y política de las sociedades latinoamericanas. Lo que hace décadas parecía un fenómeno periférico, circunscrito al narcotráfico en zonas geográficas acotadas como el Triángulo norte (México y Centro América), Colombia y el Caribe anglófono, hoy se extiende a decenas de rubros de economías ilícitas -desde el tráfico de personas a la minería ilegal hasta el cibercrimen y la corrupción- a todos los rincones del continente.
TL;DR
- El crimen organizado se ha expandido más allá del narcotráfico a diversas economías ilícitas en toda América Latina.
- Más de 100 millones de personas viven bajo esquemas de gobernanza criminal donde las organizaciones ilícitas sustituyen al Estado.
- Las economías ilícitas e informales representan más del 20% del PIB regional, otorgando poder económico y coercitivo a grupos criminales.
- Se observa "política criminalizada" donde organizaciones criminales infiltran y corrompen instituciones estatales clave.
- El financiamiento de campañas políticas y electorales por parte del crimen organizado representa una amenaza a la democracia.
- El enfoque de "mano dura" para combatir la criminalidad puede debilitar las instituciones del estado de derecho y las libertades.
- La expansión de la criminalidad es una amenaza para la construcción de comunidades democráticas prosperas e inclusivas.
- Se requiere fortalecer las capacidades institucionales del Estado, incluyendo sistemas de justicia, transparencia y combate a la corrupción.
- Es necesario proteger la política y los procesos electorales de la violencia y la infiltración criminal.