La liberación del general de brigada Jackson Gutiérrez, tras casi dos años preso sin juicio, es celebrada como victoria por la oposición y ONG de derechos humanos, pero también exhibe el silencio y las sombras del aparato judicial y militar venezolano.

Oposición y ONG: una excarcelación que prueba el abuso

Medios y activistas críticos al gobierno coinciden en el mismo cuadro: Gutiérrez estuvo un año y diez meses detenido sin juicio ni cargos formales, primero incomunicado en la DGCIM de Boleíta y luego trasladado a Yare III y Yare II.¹ Según reseñan, fue detenido tras acudir voluntariamente a la Comandancia General de la Aviación el 29 de julio de 2024, a una convocatoria de su propia institución.²

El Pitazo subraya que en todo ese tiempo “no existe juicio, no hay testigos y no se han presentado pruebas en su contra”, citando las denuncias del teniente Carlos Cancines.³ La defensa pidió su inclusión en la Ley de Amnistía, mientras la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó la excarcelación el 20 de junio y la presentó como un avance en la lucha por los presos políticos.¹³

Estado y Fuerza Armada: un vacío elocuente

Del otro lado, el contraste es brutal: no hay versión oficial. Ni el Ministerio de Defensa, ni el Poder Judicial, ni la Aviación Militar han explicado por qué se le detuvo, bajo qué figura se le mantuvo casi dos años preso, ni en qué condiciones se produjo su liberación.² El Nacional destaca que, pese a los recursos legales introducidos por sus abogados, “los tribunales no avanzaron en ningún procedimiento judicial que permitiera determinar su situación legal”.²

Mientras sus compañeros lo describen como “un oficial con una carrera intachable, el mejor de su promoción”,¹ el silencio institucional sugiere otra cosa: que el caso Gutiérrez no terminó con su salida de Yare, sino que se sumó al expediente mayor de un sistema que detiene primero y, si acaso, pregunta después.