El excarcelado dirigente opositor Nelson Piñero salió de la cárcel, pero asegura que nunca dejó el radar del Estado. Su relato dibuja un país donde la libertad condicional se parece demasiado a una celda sin barrotes.

La versión de Piñero: libertad vigilada

Desde la oposición, el cuadro es nítido: Piñero denuncia una campaña de intimidación “desde su excarcelación a mediados de febrero”, hecha de “amenazas, vigilancia y hostigamiento” por parte de funcionarios del Sebin.¹ Según su testimonio, el día en que salió del Cesma Tocuyito fue escoltado por el director del penal, quien le señaló una camioneta lejana y habló de una supuesta “presencia de la Cruz Roja” como apoyo, un detalle que, visto en retrospectiva, él lee como el inicio de un cerco.

En sus propias palabras, “el Sebin no ha dejado de seguir mis pasos. Me graban, me toman fotos y hasta se han parado frente a mi casa”, una vigilancia que —afirma— se extendió a sus actividades cotidianas y personales.² A esto suma el monitoreo de sus redes sociales y amenazas que atribuye a cuentas manejadas por “bots”.¹

Familia bajo presión y escalada internacional

El punto de quiebre, explica, fue cuando los mensajes intimidatorios llegaron al WhatsApp de su hija, lo que lo llevó a denunciar públicamente algo que antes prefería manejar en silencio.² Ahora asegura haber remitido documentación a organismos internacionales de derechos humanos y responsabiliza al “régimen chavista” y al gobierno nacional por cualquier cosa que le ocurra a él o a su familia.¹²

Silencio oficial y lectura política

Mientras el aparato de seguridad guarda silencio, la oposición presenta el caso como un ejemplo de persecución sistemática. El propio Piñero lanza un desafío político: “Seguiré haciendo política en la calle y en las redes sociales, porque opinar no es delito”, una frase que contrasta con la realidad que describe: un país donde la excarcelación no equivale, necesariamente, a la libertad.²