La evacuación de migrantes del centro de detención “Alligator Alcatraz” en los Everglades llega envuelta en el mismo clima que lo vio nacer: secretismo, cifras incómodas y una batalla política que va mucho más allá de la temporada de huracanes.

Por un lado, el relato oficial: ICE asegura que el traslado de los inmigrantes “se produce para garantizar la seguridad de los detenidos indocumentados” ante el inicio de la temporada ciclónica.¹ Las autoridades confirman que quienes estaban en el polémico complejo de “estructura flexible” fueron reubicados en otras instalaciones, pero sin precisar a dónde ni bajo qué condiciones.¹

Del otro lado, activistas y organizaciones civiles ven un simple cambio de escenario, no de política. Denuncian “profunda opacidad y falta de transparencia” sobre el futuro de los migrantes y el destino del propio centro,² y califican la movida de ICE como “una medida cosmética” que mantiene las instalaciones operativas pese al desalojo parcial.²

El choque se vuelve más agudo al mirar quiénes estaban allí: en abril, Alligator Alcatraz albergó un promedio diario de 1.400 detenidos, casi el 60% clasificados por ICE como “sin amenaza para ICE”, es decir, sin condenas penales.¹ Para Eve Samples, de Friends of the Everglades, esos datos contradicen la justificación original de construir un mega-centro de detención en plena zona protegida.¹

Mientras el gobernador de Florida y los defensores del complejo insisten en su “utilidad” y niegan su obsolescencia, las organizaciones Friends of the Everglades, CBD y Earthjustice recuerdan que mantienen viva una demanda para lograr el cierre definitivo y la restauración de las tierras afectadas.²

En el papel, ICE promete seguridad. En el terreno, los activistas aseguran seguir viendo maquinaria pesada, luces industriales y flujo de materiales peligrosos. Unos hablan de protección ante huracanes; otros, de un “Alcatraz de los Caimanes” que se resiste a desaparecer.