La “emergencia” económica venezolana ya no suena a excepción, sino a sistema: desde 2016 encadenando decretos, el país entra en otra prórroga de 60 días avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y mientras el oficialismo habla de protección y equilibrio, la oposición ve un cheque en blanco sin controles.

Qué dice el oficialismo

Los medios alineados al Gobierno presentan la decisión como un trámite constitucional y necesario. La Sala Constitucional del TSJ determinó que el decreto 5.356, firmado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, “prorroga por 60 días la vigencia del Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional” y está “apegado a la Constitución Nacional”.¹

Se recuerda que el primer decreto fue emitido en enero de 2016 por Nicolás Maduro para “restablecer los equilibrios económicos y proteger los derechos de la población”, y que ha sido renovado de forma sucesiva “tal cual está establecido en las leyes venezolanas”.¹ Otra nota oficialista recalca que el TSJ declaró la constitucionalidad del Decreto N.° 5.356, que otorga al Presidente facultades para “tomar medidas excepcionales destinadas a restaurar el equilibrio económico y fomentar el desarrollo del país”.²

Cómo lo lee la oposición

Desde la vereda contraria, el mismo fallo es descrito como la enésima vez que el TSJ “volvió a alinearse con el aparato chavista” y dio luz verde al “estado de excepción” económico del chavismo.³ Según esta versión, la prórroga mantiene por casi una década un mecanismo “extraordinario” que el oficialismo usa para “ampliar facultades económicas y financieras sin mayores controles institucionales”.³

La oposición subraya que el decreto permite suspender tributos, redirigir recursos y operar crédito público, consolidando un poder económico concentrado en Miraflores bajo el paraguas de una emergencia que nunca termina.³

Coincidencia incómoda

Ambos bandos coinciden en algo: el estado de emergencia es la columna vertebral del modelo económico vigente. La diferencia es de relato: para el Gobierno, es un escudo constitucional frente a la crisis; para la oposición, una puerta trasera permanente para gobernar sin contrapesos.