La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para aumentar el número de magistrados de 20 a 32, revirtiendo el recorte aplicado en 2022. Las notas coinciden en que el cambio impacta la estructura interna del TSJ, ampliando el número de integrantes de varias salas, en particular la Sala Constitucional, que pasaría a tener siete magistrados, y que el trámite se presentó bajo el argumento de mejorar la celeridad procesal y el funcionamiento del máximo tribunal.

También se recoge de forma coincidente que se trata de una reforma impulsada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, en un contexto de reconfiguración institucional del poder judicial venezolano. Se menciona que la sesión parlamentaria donde se aprobó en primera discusión la reforma estuvo marcada por la defensa del oficialismo y por cuestionamientos de sectores minoritarios como el grupo Libertad, y que en el mismo acto se trataron otros puntos de agenda, como la autorización del nombramiento de Ernesto Villegas como embajador ante la Unesco.

Áreas de desacuerdo

Finalidad de la reforma. Los medios de oposición enmarcan el aumento a 32 magistrados como una maniobra para someter aún más al TSJ, garantizar una mayoría automática en las salas clave y blindar políticamente a la cúpula chavista ante eventuales cambios de poder. En esa narrativa, la celeridad judicial es vista como un pretexto para llenar el tribunal de operadores políticos leales. Los medios alineados con el gobierno, en cambio, presentan este tipo de reformas como ajustes técnicos necesarios para descongestionar causas, fortalecer la institucionalidad y garantizar un acceso más eficiente a la justicia, minimizando cualquier vínculo con cálculos de poder.

Lectura del contexto político. La cobertura opositora relaciona directamente la reforma con un plan de contingencia del chavismo para retener el poder, mencionando a figuras como Delcy y Jorge Rodríguez y situando el TSJ como pieza central de un esquema de control del sistema judicial ante un eventual “día después” de Maduro. Insiste en que la reversión de la ley de 2022 demuestra que las reformas judiciales obedecen a coyunturas políticas y a la necesidad de disciplinar internas. Los medios oficialistas, por su parte, suelen encuadrar decisiones similares como parte de procesos continuos de “revolución judicial” y adecuación institucional, evitando asociarlas a crisis de poder o a escenarios de transición forzada.

Valoración de la autonomía del TSJ. Para los medios de oposición, el refuerzo de la autonomía financiera y administrativa del TSJ, señalado en los proyectos de reforma, es menos una garantía de independencia y más un mecanismo para consolidar un enclave de poder controlado por el oficialismo, sin contrapesos reales. Subrayan que la subordinación política previa de los magistrados hace improbable que esa autonomía se traduzca en separación de poderes. En la versión de los medios alineados con el gobierno, el énfasis está en que estos cambios permitirían al TSJ operar con mayor eficacia y menos interferencias externas, presentando la autonomía como un paso hacia un poder judicial más robusto y soberano.

Reacción parlamentaria y disenso. La prensa opositora resalta la salvación de voto del grupo Libertad y sus críticas a la premura y a la falta de debate público como pruebas de que la reforma se impone desde arriba y sin consenso, e interpreta las respuestas del oficialismo sobre presos políticos como una forma de cerrar cualquier cuestionamiento. En los medios cercanos al gobierno, en cambio, se tiende a destacar la aprobación por mayoría y a presentar las objeciones minoritarias como posiciones aisladas o poco representativas, enmarcando el proceso como un ejercicio normal de la mayoría legislativa en uso de sus atribuciones.

In summary, Opposition coverage tends to presentar el aumento de magistrados como una jugada de blindaje político, concentrada en el control del poder judicial y el cierre de espacios de alternancia, while Government-aligned coverage tends to enmarcar reformas de este tipo como ajustes institucionales y técnicos orientados a la eficiencia, la autonomía formal del TSJ y la consolidación de la narrativa de fortalecimiento del Estado.