Según las fuentes disponibles, coinciden en que Delcy Rodríguez ha contratado al abogado estadounidense Jihad Smaili para que la asesore en Estados Unidos, específicamente en Washington. Smaili fue inscrito formalmente para representarla en litigios ante la justicia estadounidense relacionados con Pdvsa, Citgo y las reclamaciones de acreedores, y su mandato incluye brindar asesoría cotidiana sobre la relación con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, así como acompañar una eventual campaña política y gestiones vinculadas al levantamiento de sanciones.

El contexto compartido describe a Smaili actuando como puente entre el entorno de Rodríguez y las instituciones políticas y judiciales de Estados Unidos, en un momento en que el chavismo evalúa escenarios electorales futuros en Venezuela. Las coberturas resaltan que esta contratación se da en un marco de disputas sobre activos venezolanos en el exterior y sobre la arquitectura de sanciones de Washington, y que la estrategia legal y de cabildeo busca influir tanto en decisiones judiciales sobre Pdvsa y Citgo como en la interlocución política con el gobierno estadounidense.

Áreas de desacuerdo

Naturaleza del cabildeo. Medios de oposición presentan la contratación de Jihad Smaili como una operación de cabildeo político diseñada para limpiar la imagen de Delcy Rodríguez y construir su candidatura presidencial desde Washington, subrayando la dimensión propagandística y de acercamiento al poder en Estados Unidos. Desde una óptica gubernamental, cuando se alude a estos movimientos se los encuadra más como una gestión soberana y técnica para defender activos del Estado y asegurar canales de comunicación institucional, minimizando la noción de campaña encubierta y evitando el término cabildeo en clave negativa.

Objetivos principales. La prensa opositora enfatiza que el objetivo central es preparar una eventual campaña presidencial de Rodríguez y negociar alivios de sanciones útiles al proyecto político chavista, relegando a segundo plano los litigios de Pdvsa y Citgo. Los discursos y notas afines al gobierno, en cambio, tienden a priorizar la defensa jurídica de los activos, retratan las gestiones con Washington como esfuerzos para proteger el patrimonio nacional y enmarcan cualquier diálogo sobre sanciones dentro de una narrativa de rectificación y reconocimiento de Venezuela como contraparte legítima.

Legitimidad política. En la cobertura opositora se cuestiona la legitimidad de que Rodríguez use recursos y estructuras del poder para proyectarse como candidata en el exterior, y se sugiere que intenta obtener una suerte de aval político en Washington para mantenerse en el poder pese al rechazo interno. La narrativa cercana al gobierno, cuando aborda estos temas, presenta a Rodríguez como una figura institucional con plenas facultades para liderar negociaciones internacionales, y plantea cualquier crítica como parte de una campaña de deslegitimación impulsada por adversarios políticos y medios extranjeros.

Relación con Estados Unidos. Para los medios de oposición, la contratación de un abogado-cabildero evidencia una contradicción del chavismo que, pese a su discurso antiimperialista, busca activamente la venia de la Casa Blanca y acomoda su estrategia electoral a las expectativas de Washington. En la visión gubernamental, el vínculo con Estados Unidos se reivindica como una relación pragmática entre Estados soberanos, en la que el uso de asesores legales y políticos es práctica normal de la diplomacia y no implica subordinación, sino búsqueda de condiciones más favorables frente a sanciones y litigios.

In summary, Opposition coverage tends to presentar la asesoría de Jihad Smaili como un movimiento de cabildeo político orientado a blindar la figura de Delcy Rodríguez y a asegurarle espacio electoral y alivios de sanciones desde Washington, while Government-aligned coverage tends to enmarcar cualquier referencia a estas gestiones como defensa técnica de activos, ejercicio legítimo de soberanía y normalización de relaciones institucionales con Estados Unidos.