El 12 de marzo, organizaciones especializadas como Ipys Venezuela y Ve Sin Filtro registraron bloqueos contra 43 medios de comunicación nacionales e internacionales accesibles desde Venezuela, todos de carácter digital y afectados a través de proveedores de servicio de internet. Los reportes coinciden en que los bloqueos se ejecutan mediante técnicas de filtrado y restricción de tráfico en la red, lo que impide o dificulta el acceso de los usuarios a portales de noticias, redes sociales y otros servicios informativos, en un contexto en el que periodistas, organizaciones civiles y gremios de prensa han documentado afectaciones recurrentes al ejercicio de la libertad de expresión.

La información compartida resalta que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) aparece señalada como el órgano estatal que emite las órdenes para aplicar estas restricciones, sin que se conozcan decisiones judiciales públicas o actos administrativos transparentes que las respalden. Coinciden en vincular este episodio con un patrón más amplio de bloqueos a decenas de medios y a cientos de dominios, en un contexto de regulaciones opacas sobre telecomunicaciones, uso de internet y acceso a plataformas, en el que las organizaciones de prensa y derechos humanos reclaman reformas que garanticen el acceso a la información y la no interferencia injustificada sobre contenidos periodísticos.

Áreas de desacuerdo

Responsabilidad y culpa. Las fuentes opositoras atribuyen de forma directa la responsabilidad de los bloqueos al gobierno de Nicolás Maduro y a Conatel, describiéndolos como parte de una política sistemática de censura digital. Sostienen que los proveedores de internet actúan como ejecutores pasivos de órdenes estatales sin margen de negociación. En cambio, los medios alineados con el gobierno suelen minimizar o silenciar estos señalamientos, evitando vincularlos explícitamente con una decisión política centralizada o presentándolos, cuando se mencionan, como medidas técnicas o aisladas.

Naturaleza de los bloqueos. La cobertura opositora enmarca los bloqueos como actos de censura previa dirigidos contra medios críticos, ONG y plataformas que difunden información independiente, y los califica como violaciones directas del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Estas fuentes enfatizan que no existen resoluciones judiciales ni administrativas públicas que justifiquen la medida. En contraste, la narrativa oficialista tiende a justificar restricciones a contenidos en internet apelando a la defensa de la soberanía informativa, la lucha contra la desinformación o la necesidad de controlar supuestos llamados al odio, sin reconocer un carácter generalizado ni dirigido específicamente a medios periodísticos.

Impacto y gravedad. Desde la oposición se presenta el bloqueo de 43 medios, más el señalamiento de más de 60 medios y más de 200 dominios afectados, como evidencia de un cerco informativo grave y en expansión, que deja a la ciudadanía “desconectada” de fuentes plurales y limita severamente el debate público. Los testimonios de periodistas y ONG resaltan el efecto intimidatorio sobre las redacciones y la población. En cambio, la prensa alineada con el gobierno tiende a restar importancia cuantitativa y cualitativa a los bloqueos, no los prioriza en su agenda informativa y se enfoca en otros temas, evitando presentar el asunto como una crisis de derechos humanos.

Legitimidad de las protestas y exigencias. Los medios opositores resaltan y legitiman las protestas frente a Conatel, presentando a periodistas, gremios y ONG como voceros legítimos que reclaman el fin de la censura digital y exigen transparencia, rendición de cuentas y levantamiento inmediato de las restricciones. Enmarcan la entrega de documentos y manifiestos como un ejercicio democrático y pacífico de presión ciudadana. En cambio, los medios progobierno suelen invisibilizar estas acciones o, cuando las mencionan, las reducen a expresiones de pequeños grupos vinculados a la oposición política, cuestionando su representatividad o sugiriendo que responden a agendas extranjeras.

In summary, Opposition coverage tends to presentar los bloqueos de 43 medios como parte de una política sistemática de censura digital impulsada por el gobierno, con graves impactos sobre la libertad de expresión y legitimando las protestas y exigencias de ONG y periodistas, while Government-aligned coverage tends to omitir o minimizar estos hechos, enmarcar cualquier medida técnica como defensa de la soberanía comunicacional y deslegitimar o invisibilizar las denuncias y movilizaciones vinculadas al tema.