La cobertura de ambos bloques coincide en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, emitió la Licencia General 51 autorizando ciertas transacciones con oro de origen venezolano. Tanto medios opositores como oficialistas destacan que la licencia permite operaciones de exportación, refinación, importación y reventa de oro hacia y dentro de Estados Unidos, bajo contratos sometidos a jurisdicción y leyes estadounidenses, y con estrictos requisitos de reporte y cumplimiento. Señalan igualmente que se excluyen transacciones con personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como operaciones vinculadas a la criptomoneda venezolana, y que no se autoriza la exploración ni extracción minera directa en territorio venezolano. Se subraya que la licencia se dirige principalmente a empresas estadounidenses y que busca canalizar el comercio de oro bajo un marco regulado, con fechas y condiciones limitadas, incluyendo referencias a compañías establecidas antes de enero de 2025.

Los dos tipos de medios coinciden en presentar la medida como un ajuste específico dentro del régimen de sanciones financieras de Washington contra Venezuela, centrado en el sector aurífero. Comparten que la OFAC mantiene un enfoque de control estricto, con cláusulas sobre solución de controversias bajo tribunales estadounidenses y mecanismos de seguimiento para prevenir el desvío de fondos hacia actores sancionados. También convergen al enmarcar la Licencia General 51 en una dinámica de negociaciones y contactos bilaterales recientes entre Caracas y Washington, presentada como parte de un proceso más amplio de flexibilización condicionada. Además, ambos reconocen que la medida reconfigura parcialmente los canales legales para el comercio de oro venezolano, sin suponer aún un levantamiento total de las sanciones sobre el sector minero o sobre el gobierno venezolano.

Áreas de desacuerdo

Alcance económico y significado de la medida. Los medios opositores tienden a describir la Licencia General 51 como una flexibilización muy acotada que abre un nicho regulado para empresas estadounidenses, sin cambiar de fondo el régimen de sanciones ni resolver la crisis económica venezolana. Los medios alineados con el gobierno, en cambio, la presentan como un paso relevante hacia la normalización del comercio de oro y una señal de reconocimiento de la importancia del sector aurífero venezolano. Mientras la oposición enfatiza que no se autoriza la expansión de la minería ni una inyección masiva de recursos al Estado, la prensa oficialista sugiere que se crea una nueva vía para ingresos y posibilidades de cooperación económica.

Relación con el gobierno venezolano y Minerven. Según la prensa opositora, la licencia no implica un respaldo político al gobierno de Maduro y mantiene fuertes cortapisas, destacando que muchas operaciones se canalizarían mediante estructuras controladas por el Tesoro de EE. UU. o fondos especiales cuando intervengan entidades sancionadas como Minerven. Los medios cercanos al gobierno resaltan, en cambio, que la autorización abre espacio para que Minerven y otras instancias oficiales participen en la cadena de comercialización bajo condiciones negociadas, interpretándolo como un reconocimiento de facto de sus roles. De este modo, la oposición subraya la subordinación jurídica de cualquier contrato a tribunales estadounidenses, mientras el oficialismo pone el acento en que se desbloquea la posibilidad de tratar directamente con actores estatales venezolanos.

Narrativa sobre sanciones y negociación política. Los medios opositores suelen enmarcar la Licencia 51 como una herramienta de presión calibrada, fruto de contactos técnicos y políticos, pero aún atada al cumplimiento de condiciones democráticas más amplias y a la preservación de sanciones claves. Los medios gubernamentales la articulan dentro de un relato de resistencia y victoria parcial frente a las sanciones, destacando que Washington se ve obligado a modificar su política por necesidades energéticas y comerciales. Mientras la oposición insiste en que se trata de un alivio reversible y condicionado, el oficialismo lo presenta como evidencia de que la estrategia de confrontación externa está cediendo y debe profundizarse el levantamiento total de sanciones.

Control y supervisión externa. La cobertura opositora enfatiza el carácter restrictivo de los mecanismos de control, los requisitos de reporte y la exclusión de países aliados de Caracas, interpretándolo como una forma de aislar al gobierno venezolano de sus socios tradicionales y limitar su margen de maniobra. La prensa alineada con el gobierno menciona esas restricciones, pero les resta dramatismo y subraya que, pese a ellas, se rompe el bloqueo comercial sobre el oro y se abre un canal legal para operaciones con Estados Unidos. Así, para la oposición el diseño regulatorio confirma la desconfianza de Washington y mantiene un alto nivel de tutela financiera, mientras que para el oficialismo esos controles son un costo aceptable frente al beneficio de recuperar parte del comercio formal de oro.

In summary, Opposition coverage tends to presentar la Licencia General 51 como una flexibilización limitada y fuertemente condicionada que preserva el esquema central de sanciones y control de Washington, while Government-aligned coverage tends to enmarcarla como un avance significativo hacia la normalización del comercio de oro y una validación práctica del rol económico del Estado venezolano.