El Banco de Venezuela informó que en febrero 524.320 personas compraron divisas a través de sus canales, principalmente mediante la BDVApp y la Tarjeta Internacional, una cifra que, según los datos oficiales, duplica el volumen de clientes del mes anterior. En total, se aprobaron operaciones por 135,9 millones de dólares, de los cuales alrededor de 61 millones se canalizaron mediante la Tarjeta Internacional para consumos en el exterior o en plataformas globales, y el resto a través de compras de divisas al menudeo para ahorro o pagos en línea, todo dentro de los límites diarios establecidos por la entidad.

En la cobertura se coincide en que estas operaciones se inscriben en el marco del sistema financiero formal, con el Banco de Venezuela como actor central en la intermediación cambiaria minorista y el uso de herramientas digitales como la BDVApp para gestionar la compra y el uso de las divisas. También se comparte que la expansión del número de clientes y de tarjetas internacionales emitidas —más de 1,5 millones según los reportes oficiales— forma parte de una estrategia más amplia de canalizar la demanda de dólares desde la banca pública, en un contexto de creciente dolarización de facto de la economía y de intentos institucionales por regularizar y registrar dichas transacciones.

Áreas de desacuerdo

Alcance y significado de la cifra. Los medios alineados con el Gobierno presentan los 524.320 clientes atendidos y los 135,9 millones de dólares vendidos como prueba de una ampliación del acceso y de una “democratización” del mercado cambiario formal. En contraste, los medios de oposición tienden a relativizar la importancia de la cifra, señalando que, en una economía altamente dolarizada y con salarios muy bajos, el monto promedio por cliente sería reducido y no cambiaría de fondo las dificultades de acceso real a divisas para la mayoría.

Evaluación de la política económica. La prensa gubernamental enmarca el aumento de ventas de divisas como un resultado positivo de las políticas de estabilización y de la modernización del sistema bancario público, mostrando al Banco de Venezuela como vehículo eficiente para canalizar la demanda de dólares. Los medios opositores, por su parte, suelen presentar este mismo dato como síntoma de la consolidación de una dolarización desigual y de la incapacidad del bolívar para cumplir su función, cuestionando que se publique el éxito en venta de divisas sin abordar la precariedad del ingreso en moneda local.

Impacto social y distribución del beneficio. Desde la óptica oficialista se enfatiza que el acceso a la BDVApp y a la Tarjeta Internacional permite a cientos de miles de personas pagar servicios y compras en el exterior, lo que se interpreta como inclusión financiera y masificación de servicios antes reservados a minorías con cuentas en bancos extranjeros. La oposición, en cambio, tiende a recalcar que los principales beneficiarios son quienes ya tienen ingresos en divisas o cercanía al sistema financiero formal, y que un amplio segmento de la población —empleados públicos, pensionados y trabajadores informales— sigue sin capacidad real de comprar dólares, por lo que habla de una inclusión parcial y elitizada.

Rol del Estado y de la banca pública. En la narrativa pro-gobierno, el Banco de Venezuela aparece como instrumento clave del Estado para ordenar el mercado cambiario, reducir el peso del mercado paralelo y ofrecer mecanismos legales y transparentes para las operaciones en divisas. Los medios de oposición, en contraste, suelen cuestionar la concentración de poder cambiario en un banco público y advierten que esa centralización refuerza el control gubernamental sobre los flujos de divisas y la opacidad sobre la procedencia y destino de esos fondos.

In summary, Opposition coverage tends to usar la cifra de ventas de divisas como evidencia de una dolarización incompleta y socialmente desigual, poniendo el acento en la precariedad del ingreso y en los límites de acceso efectivo, while Government-aligned coverage tends to presentar el volumen de clientes y montos vendidos como un logro de inclusión financiera y de gestión estatal eficiente del mercado cambiario formal.